POR CARMEN CARVAJAL
Los miembros del Congreso Nacional cerraron la legislatura extraordinaria y, con ello, su período de cuatro años, con un festival de leyes que les obligó a trabajar horas extras. Algunas de las leyes, muy cuestionadas, ni siquiera fueron leídas por los congresistas, y otras, como el caso de la isla artificial, todos la creían ya difunta.
Además de la concesión para levantar la isla, fueron aprobados los préstamos para dotar a la Policía de equipos e instrumentales, para la compra del equipo rodante del Metro de Santo Domingo y el que crea una nueva provincia a expensa de la antigua capital, además de cientos de pensiones a particulares y a colegas legisladores que se quedarán sin empleos públicos tras la transmisión de mando.
El maratón legislativo confirmó los pronósticos de que las grandes reformas estructurales acordadas por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional quedarían para los legisladores que estrenarán curules el 16 de agosto próximo.
En cambio, proyectos tan importantes como el que promueve la inversión en energías alternativas y renovables, se mantuvo en carpeta, así como muchos otros que son parte de los compromisos del gobierno con el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, con los Estados Unidos, y, además, fijados en el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional.
Algunas de estos proyectos, como el de compras del Estado y el que establece la autonomía de las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos, fueron conocidos y aprobados por los legisladores.
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se pronostica un crecimiento de 8 por ciento para la economía dominicana durante este 2006, estima que las reformas se harán porque el gobierno ganó las elecciones.
Las elecciones legislativas de mayo del 2006 tuvieron resultados favorables para el gobierno, lo que creó las condiciones para profundizar la política económica instrumentada en el último bienio, sostiene. Los nuevos congresistas deberán conocer y aprobar una serie de leyes que están ya depositadas en ambas cámaras legislativas, así como una serie de reformas que el Poder Ejecutivo aún no ha sometido, pero que, de acuerdo a funcionarios del propio gobierno, están en preparación.
Los pendientes
El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, en un artículo que publica a partir de la página 4 de esta sección, destaca los compromisos de la agenda inmediata de los legisladores, en aras de preservar la estabilidad y el proceso de recuperación económica de los dos últimos años.
Algunos de estos proyectos están ya depositados en el Congreso, que terminó su labor sin conocerlo, por lo que deberán ser impulsados por los congresistas nuevos.
Otras leyes importantes aún están pendientes de elaboración por parte del Poder Ejecutivo, que deberá someterlo a un Congreso que estará controlado por su partido, por lo que no se esperan mayores traumas para su conocimiento y aprobación.
Entre estos últimos figuran la que modificará la estructura burocrática de las Secretarías de Finanzas y Técnica de la Presidencia, para crear una Secretaría de Hacienda y otra de Planificación. Ambos proyectos buscan dar más coherencia a las labores de las Secretarías de Estado y evitar duplicidades.
DR-CAFTA
Montás cita como el punto más inmediato en la agenda de los nuevos legisladores, la aprobación de la ley para la implementación del acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos. El proyecto de ley, aún en elaboración, contendrá las estipulaciones legales que permitirán la entrada en vigencia del tratado en el país.
Sin embargo, el contenido real de este proyecto no se conocerá hasta tanto terminen las conversaciones que mantiene la comisión negociadora dominicana con sus colegas norteamericanos en Washington.
Del resultado de estas discusiones dependerán muchas de las modificaciones legales que se deberán realizar.
Aún no se sabe la magnitud de los cambios que deberán sufrir las leyes de derecho de autor y la de patentes, ya que dependerán de si los norteamericanos logran doblarle el pulso a los dominicanos con relación a los datos de prueba, en el caso de la industria farmacéutica, entre otros puntos.
El paquete necesario para la vigencia del libre comercio con Estados Unidos incluye modificaciones a muchas otras leyes, para adaptarlas al contenido del acuerdo, muchas de las cuales deberán estar aprobadas a la fecha del ingreso del país.
En el Congreso
Otras reformas pendientes, ya depositadas en el Congreso y que no fueron conocidas ni aprobadas por los congresistas salientes, son la Ley Nacional de Control Interno, que uniforma los controles internos en la gestión pública.
También, el proyecto de Ley de Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, que busca más eficiencia en la gestión financiera y que integra los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad gubernamental, así como la Ley de Planificación e Inversión Pública.
El Cuasi fiscal
En su agenda, los nuevos congresistas deberán también anotar los planes que actualmente están elaborando las autoridades monetarias del país para hacer frente a la deuda del Banco Central, específicamente al stock de certificados.
El secretario Técnico revela en su artículo que la estrategia elaborada para hacer frente al problema incluye una modificación a la ley Monetaria y Financiera y la identificación de los recursos para la capitalización del Banco Central.
Actualmente, el stock de certificados del Banco Central, generado y alimentado por el salvamento de los ahorros depositados en los bancos que colapsaron en el 2003, Baníter, Bancrédito y Banco Mercantil, sumaban al 26 de julio, RD$150,589.4 millones.
Explica, además, que también para identificar los recursos necesarios para la capitalización del Banco Central se requerirá la participación del Congreso.
Aboga también porque el Congreso ayude a revisar y las leyes que especializan el uso de determinados recursos tributarios, ya que restan flexibilidad al Presupuesto Nacional para atender prioridades nacionales.
Estima en 60 por ciento del Presupuesto de Ingresos el monto de recursos fijos destinados a un sector, o los ingresos especializados que asignan leyes a determinados sectores, dejando el 40 por ciento para los compromisos del Estado en las demás instituciones y sectores que no cuentan con estas especializaciones.
En cuanto a las reformas en el sector social, si bien Montás señala la necesidad de realizar varias para favorecer a los sectores prioritarios, sólo cita la necesaria reforma a la ley 87-01, de Seguridad Social para hacerla más viable, especialmente en lo que se refiere a la entrada en vigencia del seguro de salud.
Además deben ser revisados, según entiende, el tripartismo y el poder de veto en los organismos del sistema, la transformación del Instituto del Seguro Social y la separación de funciones en la Secretaría de Salud y Asistencia Social.