Nadie ha logrado justificar la vigencia de un período de transición tan largo entre las fechas de las elecciones presidenciales y de la asunción del Presidente electo. A lo sumo, este plazo innecesariamente largo, en nuestro país se ha prestado para las más variadas bellaquerías que puedan cometerse desde las posiciones públicas, y que van desde el abandono de obligaciones hasta la depredación de la propiedad pública, desde la despreocupación hasta el remate de los bienes del Estado.

Los períodos de transición que hemos agotado como parte de nuestra vida democrática, han sido siempre traumáticos. No se recuerda que haya habido excepción en el estilo de agotar el tiempo entre la fecha de sufragio y la de toma de posesión de las nuevas autoridades.

[b]II[/b]

En las circunstancias actuales, unas votaciones abrumadoras marcan el cambio de autoridades en la cúspide de la administración del Estado, y automáticamente señalan el inicio del plazo de transición.

Una particularidad notable en esta oportunidad es que el partido derrotado tiene un control hegemónico no sólo en lo que concierne al Poder Ejecutivo, sino también cuanto al Congreso y los gobiernos municipales, en los que tiene abrumadora mayoría. )Cómo empleará el Gobierno saliente todo este poder político, esta capacidad de decisión y acción casi absoluta? De la forma en que lo emplée dependerá que la transición sea traumática y dañina, o constructiva y útil.

Unas circunstancias muy especiales llevaron al Presidente Hipólito Mejía a actuar con gallardía, la noche del 16 de este mes, reconociendo el triunfo de su adversario cuando apenas había sido divulgado el primer boletín. No es materia de este comentario ahondar en los detalles de esas circunstancias, pero podemos decir que la actuación del Presidente libró al país de una situación indeseable. Ahora bien: )Estará el Presidente perdedor en condiciones de controlar durante la transición todo el poder en manos de sus funcionarios, los legisladores y síndicos?

[b]III[/b]

Una aspiración de esta sociedad es que, en todos los sentidos, el manejo del poder, tanto desde la administración del Estado como desde el Congreso y los ayuntamientos, se corresponda con lo razonable y justo, con lo legal y legítimo, con el interés nacional por encima de las pasiones y el desquite.

Ya se le hizo al país bastante daño con el empleo de los recursos del Estado, habidos y por haber, en la promoción una reelección que las mayorías nacionales derrotaron abrumadoramente, con más de un 57% de los votos emitidos el domingo último. Más que a un Partido Revolucionario Dominicano que tiene grandes méritos y que ocupa lugar importante en la historia de nuestra democracia, más de la mitad del electorado decidió aplastar un propósito de una facción partidaria pues la reelección presidencial es algo que le trae amargos recuerdos.

Sería sensato que la función el accionar en el Poder Ejecutivo se apegue a las reglas, que los ayuntamientos velen por cumnplirle a sus municipios y que el legislador se dedique a apuntalar la institucionalidad, mejorando cada vez más el esqueleto jurídico del país. Por el bien de todos, agotemos esta vez una transición decorosa y constructiva. Completemos, así, el paso dado por el Presidente Mejía la noche del 16 de mayo, cuando demostró, con hechos, su reiterada expresión de que «el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió».