Si alguna cualidad debe estar por sobre todas las demás en el actual proceso electoral, esa ha de ser la transparencia en todo cuanto se haga desde la Junta Central Electoral (JCE) para desembocar en las elecciones presidenciales del 16 de mayo de este año.

Ninguna acción, ningún pronunciamiento de asutoridades de la JCE, debe provocar la sensación de que se está ante falta de definición o ambivalencia, de falta de firmeza o seguridad. Siempre deberá quedar claramente definida una posición ante cualquier situación o contingencia.

Lo anterior viene a cuento porque la JCE jamás ha fijado una posición firme y categórica, que tenga carácter de resolución o sentencia, en cuanto a los afanes de un sector del partido en el poder por establecer el Voto Preferencia Presidencial o Ley de Lemas, para lo cual se ha puesto en manos del Senado un proyecto de ley. Esta falta de transparencia contrasta con el hecho de que la materia concierne a la autoridad de la Junta, pues la aprobación del proyecto en cuestión obligaría a reformar la Ley Electoral y muchos de los procedimientos que ya ha encaminado el tribunal electoral.

[b]II[/b]

El Senado tiene en sus manos el proyecto de ley de Voto Preferencial. Lo aprobó en primera lectura y lo entregó a una comisión para que lo estudiara. Aparte de ello, ha hecho consultas con diversos sectores, entre ellos la propia JCE, y ha elevado una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto.

Así como la Suprema Corte habrá de pronunciarse, por solicitud del Senado, sobre la calidad del proyecto mediante sentencia en materia constitucional, la Junta ha podido hacer lo propio, en materia electoral, ya sea procediendo de oficio o en respuesta a la consulta que le ha hecho el Senado, tomando en cuenta el poco tiempo que falta para las elecciones y las eventuales complicaciones que surgirían por los cambios que habría que hacer en el proceso para acomodar el Voto Preferencial.

Una cosa es que la JCE, con Ley de Lemas o sin ella, debe preparar elecciones para el 16 de mayo de este año, y otra muy distinta es que se exponga a complicaciones innecesarias prohijadas por un sector de partido. Ha habido falta de transparencia y eso no conviene.

[b]¿Cuánto costaría no hacerlo?[/b]

La reparación del puente Juan Pablo Duarte, que costaría unos US$14 millones según la secretaría de Obras Públicas, estaba pautada como una de las prioridades en el presupuesto de este año.

Sin embargo, esa prioridad ha sido desplazada por otras, probablemente por causa de la crisis financiera del país, que obliga a reasignaciones y transferencias de partidas.

Se aleja, pues, la posibilidad de que el puente Duarte sea puesto en condiciones de aligerar las dificultades del tránsito desde y hacia el Este de Santo Domingo.

Se han hecho muchos cálculos sobre lo que costaría la reparación del puente Duarte, y a los precios actuales costaría más que lo que costó la construcción del moderno puente Juan Bosch.

Ahora bien, sería conveniente que las autoridades calcularan cuánto costará no hacer esas reparaciones y que se incluya entre las variables a tomar en cuenta para ese cálculo el riesgo de un colapso, que ha sido advertido por voces autorizadas. ¿Cuánto costaría no repararlo?