Hoy 
El establecimiento de medios que permitirán darle seguimiento a los gastos del sector salud y a supervisar el manejo de sus cuentas y recursos constituye un aporte a la transparencia que debería generalizarse en la administración del Estado.
Es un paso ciertamente trascendental el dado este jueves por la Comisión de Reforma del Sector Salud y la Secretaría de Salud Pública, al dejar establecida una unidad de Cuentas Nacionales de Salud (CNS).
Por mucho tiempo se ha planteado la necesidad de que el país establezca un sistema de cuentas nacionales para todo lo que concierna manejo de recursos del erario.
Esto no debe ser confundido con la divulgación pura y simple, vía la Internet, de los gastos e ingresos oficiales, como se ha estado promoviendo con la idea de lo que se ha denominado «Gobierno electrónico».
La transparencia reclama que cada paso que implique inversión o gasto del dinero del erario deje claras constancias y medios de comprobación.
Así se preservarían de manera idónea el interés general del país y la moralidad de quienes manejan recursos públicos.
El establecimiento de la unidad de Cuentas Nacionales de Salud, y más que esto su aplicación práctica, debería ser un punto de partida a generalizar en otras instancias, como metodología de Estado, con la meta de apuntalar la transparencia.
Dispersión
Ahora que se anuncia la creación de dos nuevas secretarías de Estado, que según suponemos concentrarán tareas dispersas innecesariamente en varias dependencias, nos parece prudente sugerir que se haga un estudio sobre las duplicidades que existen en la administración pública.
Por ejemplo, las facultades para conceder rutas de transporte de pasajeros están dispersas en varios organismos, además de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) que, a juzgar por su nombre, sería el organismo más idóneo para desempeñar esta función.
La regulación del tránsito es otro ámbito en el que se dan las dispersiones y duplicidades, a cargo de dependencias de la Secretaría de Obras Públicas y de los ayuntamientos, aunque estos últimos han sido desplazados.
El mantenimiento vial de los municipios debería ser tarea de los ayuntamientos, o alguna vez lo fue. Ahora es la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Obras Públicas la que hace el trabajo.
En materia de construcciones, no se sabe dónde están los linderos que separan las facultades de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la Secretaría de Obras Públicas.
Habría que definir, también, cuáles funciones administrativas de la Secretaría de Salud Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales deberían corresponder al Consejo Nacional de Seguridad Social. Algo hay que hacer con tanta dispersión.
