Alguna autoridad debería esclarecer la situación que afecta a miles de pensionados de varias instituciones del Gobierno, a quienes se les hacen descuentos que resultan descomunales si se toma en cuenta que sus ingresos mensuales no alcanzan los tres mil pesos.

Personas en esa situación han denunciado que no fueron consultadas previamente para inscribirlas en un seguro médico cuyo nombre ni siquiera conocen y que es representado por  una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) cuyos servicios jamás han solicitado.

No parece un procedimiento regular el que se «afilie» a la gente a algo que no ha solicitado y que se les descuente dinero sin que lo hayan autorizado, y mucho menos en proporciones tan altas como está ocurriendo con estos pensionados.

Tampoco es regular que se someta a esta gente a doble tributación, pues como afiliados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) no debieron ser «afiliados» a una ARS.

Y extraña, sobremanera, que al indagar sobre esta situación un funcionario de la Secretaría de Finanzas prometiera que el del presente mes sería el último descuento que se haría a estos pensionados.

Es decir, que se les «desafiliaría» de la ARS del mismo modo que fueron «afiliados», sin previa consulta.

-II-

El caso requiere explicaciones bien precisas, pues esto viene a ocurrir en momentos en que ni siquiera está vigente el Seguro Familiar de Salud, pero ya a estos pensionados se les ha afiliado a una ARS que les promete atención médica en decenas de clínicas distribuidas en casi todo el país.

Los descuentos que se hacen a las pensiones de estas personas son muy altos, si se toma en cuenta que ninguno devenga mensualmente tres mil pesos, aparte de que es el único ingreso que tienen.

Se trata de pensionados de la Corporación Dominicana de Electricidad, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Secretaría de Educación, el Consejo Estatal del Azúcar y otras dependencias estatales y los descuentos comenzaron en noviembre de este año.

Este diario consultó al menos una veintena de estos pensionados y manifestaron que nadie les pidió pareceres para incluirlos en una aseguradora de la que no conocen nada y no saben a quién reclamarle.

Estos procedimientos generan dudas por ser poco transparentes y se están aplicando a un segmento de población con muchas necesidades económicas.

Es preciso indagar cómo se produjo esta «afiliación» inconsulta y cuál es el destino que se da a los dineros descontados a estos pensionados del Estado.

Es necesario que se actúe con transparencia.