Transparencia

BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
No por mucho madrugar, amanece más temprano, por eso alguien dijo: a la mujer del César no le basta con ser honesta sino que debe demostrarlo. Quienes obtienen bienes de fortuna bajo la acelerada velocidad de la corrupción, no pueden ocultar el súbito bienestar y se les ve el refajo sucio, roto, maloliente.

Falta la sanción moral, falta el castigo de la sociedad y de la justicia para quienes prevarican, introducen contrabandos, subvalúan mercancías y ventas de propiedades, sobrevalúan obras públicas. Faltan esas acciones y muchas más.

Desde siempre, los gobiernos han hecho lo que les viene en ganas, pues sus gastos e inversiones no tienen supervisión seria, independiente, contestataria.

El Presidente de la República designa al Contralor de la Nación y aunque el Senado elige la Cámara de Cuentas, este último organismo carece de fuerza para imponer sanciones y debe enviar al Procurador Fiscal cualquier barbaridad cometida con fondos públicos, pero la trampa termina ahí: el Procurador Fiscal es nombrado por el Presidente de la República.

Eso forma parte del círculo vicioso de la corrupción organizado desde siempre.

El Presidente envía proyectos de leyes al Congreso y el ciudadano del común debe acudir a las Cámaras Legislativas para informarse sobre la solicitud de aprobación de las propuestas o de lo contrario no puede ni siquiera opinar sobre ellas hasta que se convierten en otra decisión que legaliza acciones inmorales.

La ley que obliga a los funcionarios del gobierno a informar al público, es irrespetada de manera olímpica.

Del dicho al hecho, hay mucho trecho: no hay voluntad política para administrar adecuadamente los fondos públicos. Cuando un grupo está en el poder se burla de las propuestas y sugerencias que no estén dentro de su óptica y plan de acción para actuar incorrecta, ilegal e inmoralmente.

Aunque el Gobierno ha contado con la complacencia del Congreso Nacional, ha barajado hasta lo último la presentación

de un proyecto de ley que regule la contratación de todo tipo de negocios con fondos públicos.

¿Es que acaso se quieren contratar las obras monumentales y las grandes compras antes de que se sancione una ley que ponga cortapisas al uso alegre de fondos del erario?

Llama la atención que “al echarse la paloma”, en el atardecer del ejercicio legislativo del actual Congreso Nacional, se introduzcan proyectos tan controversiales como el del préstamo para la Policía y el que regala un porcentaje de los fondos públicos como un modo de justificar la ineficiencia de los funcionarios de Bienes Nacionales.

Si la Presidencia de la República quiere transparencia en la gestión de la administración pública, entre otras acciones, que publique en Internet los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, así como los decretos, reglamentos etc.

Y que el Congreso Nacional publique todos proyectos de leyes, resoluciones y cualesquiera otros asuntos que tengan

pendientes y luego de aprobados.

De lo contrario, andamos en el mismo limbo. Por cierto, si quieren cobrar el Itebis que evaden los comerciantes, según dice el eficiente Juan Hernández, así como a los evasores de otros impuestos, cualquiera se sacrifica y los cobra al 5 por ciento, más barato que quienes hicieron el negocio con Bienes Nacionales.

Y el Congreso que no apruebe ese tipo de contratos ¿o será cierto que hay gato entre macuto?