El Gobierno dio a conocer el lunes de esta semana las características de la reforma o rectificación fiscal mediante la cual procura recaudar RD$35,000 millones para cubrir déficit.

Parte del contenido del proyecto de reforma es el recorte que hará el Gobierno en sus gastos, con lo que procura ahorrar el equivalente al 50% del monto que habrá de recaudar, y esto da la impresión de que quiere asumir la mitad del sacrificio que habrá de representar el reajuste fiscal.

Pero todo lo anterior está basado en las cifras rígidas expuestas en el discurso del Presidente Leonel Fernández, y necesariamente hay que suponer que los técnicos han hecho previsiones para hacerle frente a variaciones muy pronunciadas en el comportamiento de las recaudaciones.

Hay quienes tienen la percepción de que en el proyecto de reforma elaborado por el Poder Ejecutivo hay subestimación de los ingresos que obtendría el Gobierno y que como resultado de su aplicación se recaudarían mucho más que los RD$35,000 millones anunciados en el discurso del Presidente.

Si esto fuese así, habría que considerar que se estaría aplicando una presión excesiva sobre los sectores más afectados por la reforma y que, en esas circunstancias, el Gobierno actuaría de manera poco transparente al plantear una cosa cuando en realidad el propósito de la reforma es distinto al expuesto.

– II –

Valdría la pena que las cámaras congresuales hagan un ejercicio de revisión de los efectos de la reforma fiscal propuesta sobre la economía.

Sería útil que en ese ejercicio se hagan los esfuerzos necesarios por comprobar con la mayor aproximación posible los montos a recaudar por cada concepto de la reforma.

En base a los consumos actuales de gasolina y gasoil se podría obtener cuánto más recaudará el Gobierno por este concepto, y lo mismo se puede practicar con los demás renglones.

Aunque se ha pretendido hacer creer que la reforma no afectará a los más pobres, nadie está en condiciones de evitar que el impuesto sobre los combustibles afecte las tarifas de servicios como el transporte de carga y pasajeros y, por vía de consecuencia, los precios de muchos artículos de consumo masivo.

Y si por encima de eso ocurre que hay subestimación de algunos de los impuestos de la reforma, se estaría ante una situación de falta de transparencia que no debería presentarse.

Aunque de mayoría oficialista, el Congreso tiene ante sí la oportunidad de verificar que los ingresos previstos sean los que ha afirmado el Gobierno y evitar que haya subestimación de ingresos.

Es necesario ser estrictos en cuanto a que la reforma produzca lo que requiere el Gobierno para cubrir déficit, pero nada más.

Pretender manejar excedentes sobre las estimaciones de las nuevas cargas fiscales sería realmente contraproducente.

En manos del Congreso queda, pues, la tarea de hacer que la reforma o rectificación fiscal sea un ejercicio de transparencia.