Hoy 
Se ha vuelto materia de debate la evidente falta de correspondencia entre el desmonte sustancial de la cotización del dólar y los niveles de precios al consumidor que mantienen muchos artículos.La razón es que, si bien es cierto que muchas mercaderías han bajado de precio, otras son mantenidas injustificadamente caras.
En muchos casos, para tratar de justificar estos precios inexplicablemente altos, los comerciantes argumentan que las alzas obedecen a los impuestos aplicados a partir de la puesta en vigencia de la reforma fiscal.
Hay en esto muchas mentiras y en el mejor de los casos, medias verdades, pues inclusive se ha llegado a alegar que ciertos productos se mantienen caros porque están gravados con el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS), siendo esto totalmente falso.
La confusión, que termina perjudicando al consumidor, se debe más que todo a que no hay transparencia y los precios generalmente son manipulados en las etapas de intermediación entre el origen y el consumidor.
A pesar de que los nuevos esquemas comerciales y la llamada globalización económica desarticulan los instrumentos tradicionales de control de precios, siempre es posible establecer medios que permitan medir los escalamientos experimentados por las mercancías en cada etapa de intermediación, y establecer así si las proporciones se corresponden con los costos.
-II-
El Congreso tiene en su poder un proyecto de ley de protección al consumidor que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está pendiente de sanción en el Senado.
Algunas de las pautas que consigna este proyecto han sido objetadas por grupos empresariales que las interpretan como sugirientes en materia de precios.
En realidad, ha sido la falta de transparencia en materia de costos y precios lo que ha provocado el desorden actual, que por cierto únicamente perjudica a los consumidores.
No tendría nada de pecaminoso el que se establezca por ley que los productos lleven en sus etiquetas el precio de fábrica para mayoristas y que en los establecimientos de venta sean etiquetados con los precios al consumidor.
¿En qué puede perjudicar al productor, intermediario o vendedor final el hecho de que se consigne el precio con el cual fue expendido en fábrica un producto o artículo? Hasta el momento nadie opuesto a la ley de defensa del consumidor ha demostrado que la misma contenga cláusulas perjudiciales para la libertad de comercio o de empresa.
Las prédicas de justicia social, de las cuales se ocupan a diario muchos comerciantes y empresarios, no pueden hacer excepciones como las que se pretenden al objetar que una ley disponga pautas relacionadas con la consignación de los precios en las etiquetas de los productos.
La rentabilidad de las operaciones empresariales y comerciales debe ser defendida hasta por principio de supervivencia, pero no más allá de lo que pueda ser legítimo, razonable y justo. Pero la misma premisa debe valer para los derechos de los consumidores, y para defenderlos hay que establecer reglas de transparencia como las consignadas en el proyecto que cursa en el Senado.
