Hoy 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha hecho referencia a un aspecto muy sensible y delicado, concerniente al accionar de los partidos políticos en nuestra democracia. Ciertamente, la falta de fiscalización sobre el destino que estas organizaciones dan a los recursos que les entrega el Estado para la financiación de sus campañas proselitistas, constituye una omisión grave, que no tiene explicación ni justificación.
El que así se proceda, desdice de los celos y registros contables, los controles y auditorías, que se aplican sobre los libramientos de dineros del erario para cualesquiera otros menesteres. ¿Por qué la diferencia en el caso de la financiación de actividad proselitista?
Los controles en este caso particular no pueden continuar limitándose al registro de las partidas entregadas y a una muy somera rendición de cuentas al final de la jornada proselitista.
Para los partidos políticos, que se han encargado, ellos mismos, de mermar su credibilidad en base a pugnas internas y a yerros en el ejercicio político y la administración de cuotas de poder, sería conveniente que haya una justificación documentada de cada centavo del erario que hayan recibido para financiación de sus operaciones durante la campaña electoral.
Y el Estado, a través de la Junta Central Electoral (JCE), debería ocuparse de tener controles suficientes para registrar estas operaciones con toda la transparencia posible. Desde luego, nadie pretende que se viole la intimidad de los partidos, pero es de sentido común que exista supervisión detallada.
En otro aspecto no menos delicado que no existe transparencia es en el origen de los recursos que obtienen los partidos políticos para financiar sus actividades.
Nadie pretende matar la democracia y la libertad de ejercicio en los partidos políticos, pero es obvio que la transparencia sería beneficiosa hasta para la imagen de las organizaciones que deban rendir alguna cuenta de sus manejos financieros.
[b]Otra vez[/b]
Los médicos vuelven a paralizar las labores de los centros de salud del Estado. Se trata de la continuación de un plan de lucha por reivindicaciones salariales puesto en marcha por el Colegio Médico Dominicano.
La mejoría salarial de los médicos -bien merecida- sería financiada a través de nuevos impuestos, que, por supuesto, deben ser aprobados por el Congreso.
La paralización que comienza hoy podría ser repetida cada semana, hasta que el Congreso apruebe los impuestos y se produzca el aumento de sueldo para los médicos.
Si ya se ha convenido la fuente que aportará los recursos para el alza salarial, ¿por qué ejercer presión sobre el Congreso por medio de paros laborales?
Nos parece que el Colegio Médico Dominicano debe dar oportunidad a que el Poder Legislativo haga su papel y que haga una ponderación juiciosa de los impuestos propuestos. Si los legisladores festinan el análisis, podría ocurrir que los ingresos provenientes de los nuevos gravámenes no sean suficientes para financiar el alza salarial.
En las condiciones financieras que está el país, no sería prudente crear presiones sobre los ingresos fiscales. Esperemos que el Congreso haga su trabajo con sobriedad, sin presiones.
