Es sintomático que en un Estado haya dos organismos oficiales con visiones antagónicas sobre un mismo concepto técnico. Aunque el organismo estatal Pro Consumidor ha probado que en la venta del gas licuado de petróleo (GLP) por volumen se engaña a los consumidores,  otro organismo oficial persiste en mantener esta modalidad, en vez de disponer la venta por unidad de peso, en este caso por libras. La falta de transparencia aflora de manera sencilla: cualquier consumidor que compre líquido -digamos, por ejemplo, gasolina- en un envase, tiene forma de comprobar que le han despachado el volumen por el que pagó determinada suma de dinero, pero ningún consumidor tiene los medios para comprobar que el volumen de GLP que le sirvieron en el cilindro se corresponde con la cantidad de dinero que ha  pagado.

En esta falta de transparencia parece radicar la clave de la defensa de la venta del gas por volumen y la firme oposición a que sea por peso. En esto coinciden un organismo oficial y, por supuesto, las estaciones de expendio de gas. Lo peor es que no se ha demostrado que la venta de gas por libra perjudique a las estaciones de expendio o que la instalación de balanzas con esos fines represente una inversión perjudicial. En esta etapa, en que se insiste en la justeza de todos los actos públicos, sería un gran paso que se imponga en la venta del GLP la modalidad más transparente.

Irregularidades para investigar

Las cuentas en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) deben quedar muy claras. El uso por administraciones anteriores de al menos 52 millones de los fondos de pensión y la cooperativa de los trabajadores de ese organismo es una irregularidad grave, aún en el caso de que, como se afirma, fueron destinados a obras. Una auditoría debe determinar qué  uso se le dio a ese dinero propiedad exclusiva de los trabajadores.

De la misma manera debe ser investigada la forma en que durante el período de transición fueron suscritos  varios contratos que pasarían por alto los rigores de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Por lo pronto, la actual dirección del Indrhi se ha comprometido a devolver cada centavo de los fondos de los trabajadores, usados por administraciones pasadas. Con todo y eso, las irregularidades cometidas deben acarrear alguna consecuencia para los autores.