Estudios recientes sobre transparencia, como el de International Budget Partnership, colocan la RD en la posición 68 de 85 países evaluados, o el de Transparencia Internacional con el “Índice de Percepción de la Corrupción”, que nos coloca en la posición 102 de 180 países; y si bien esas estimaciones se basan, entre muchas variables, en los titulares de los medios o las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, algunas sesgadas en contra del gobierno, lo cierto es que las autoridades deben empeñarse en mejorar esas percepciones a fines de elevar la imagen del país como destino idóneo a las inversiones.

En contraposición a esos resultados, el país aumentó de dos a 16 puntos en “Transparencia de Datos y de Relación con los Inversionistas” del Institute of International Finance y se colocó en los diez países más reformadores del “Doing Business” del Banco Mundial, cuyos parámetros son el resultado de estudios realizados por un equipo multidisciplinario de profesionales en cada país. Una administración fiscal más transparente y eficiente debe ser la coronación de un proceso de reforma que logró reiniciarse en la segunda gestión del Dr. Fernández con la promulgación en el 2005 de la Ley de Tesorería, la de Crédito Público en enero del 2006 y luego de obtener la mayoría congresional en el 2006 se aprobaron los proyectos restantes.

Una de las piezas fundamentales de esta reforma de la administración fiscal lo constituye la Ley 5-07 que establece el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE), quedando pendiente el establecimiento en cada institución pública de una Dirección Administrativa Financiera (DAF) que debe coordinar su accionar con la Secretaría de Hacienda y el SIAFE. Herramienta tecnológica clave lo representa el Sistema de gestión Financiera Fiscal (SIGEF) que entre otros va a posibilitar mayor transparencia en las operaciones fiscales del Estado.

Representa una asignatura pendiente el pleno cumplimiento de la Ley de Presupuesto, la Ley de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Tesorería Nacional con la cuenta única para eliminar la discrecionalidad de instituciones que manejan ingresos especiales o la ley de Crédito Público con el Consejo que traza la política de endeudamiento y por supuesto la Ley de Compras y Contrataciones que podría contribuir a reducir los niveles de corrupción.

El cumplimiento estricto de estas leyes por parte de todas las instituciones de Estado, elevarían la transparencia, mejoraría la calidad del gasto, la imagen del país, el clima para la inversión y la calificación en tantos estudios internacionales que ahora nos resultan adversos.