La sociedad dominicana necesita transparentarse en todas sus instancias y en todos sus niveles. El gobierno hace ingentes esfuerzos por lograr que el quehacer empresarial sea transparente y debemos respaldar esos esfuerzos. Al mismo tiempo, la sociedad debe exigir que el quehacer político también sea transparente.

Pero eso no basta.

La información veraz, fruto de la transparencia, debe permear toda la estructura social y servir de materia prima para la discusión y toma de decisiones de esa sociedad.

El clientelismo se mantiene por la esperanza del elector de ser favorecido en su particularidad por el político de turno. Como es de esperarse, el político no puede satisfacer las expectativas de todos sus clientes y salvo contadas excepciones, los clientes son burlados en sus aspiraciones.

Si la información veraz, fruto de la transparencia, llegara a manos del elector, éste tendría los elementos necesarios para hacer una elección más acorde con sus necesidades, que nadie puede conocer mejor que él, que las vive a diario, y pasaría de cliente a ciudadano.

El gobierno y el sector privado, este último a través de las organizaciones comunitarias, las ONG, las organizaciones religiosas, empresariales, etc., deben apoyarse en la ley 200-04 de libre acceso a la información, para lograr que la información llegue a las manos que la necesitan.

Si la comunidad de un municipio tuviera información de cómo se han gastado los recursos que recibe el Síndico de ese municipio, si tuviera información que comparara los servicios prestados por la Escuela o la Clínica de esa comunidad con relación a las otras escuelas y clínicas de la zona; en fin, si la información que les interesa les llegara, los ciudadanos de ese municipio tendrían condiciones para una mejor elección.

Actualmente nuestro pueblo se expresa en las urnas y fuera de ese espacio electoral, no hay ninguna instancia medianamente efectiva de expresión de la voluntad de la sociedad.

También eso debemos trabajarlo.

Nuestra sociedad cuenta con tecnología que permite con relativamente poco esfuerzo, realizar consultas populares prácticamente plebiscitarias.

Los cajeros automáticos tienen la plataforma ideal para un sistema de selección de alternativas; por otra parte, el modem que transmite los cargos de la tarjeta de crédito, es un medio a nuestro alcance para transmitir los datos de la selección hecha por el usuario. Ambas tecnologías funcionan a lo largo y ancho de nuestra geografía y para una consulta popular no se necesita más de ahí.

Una pequeña población con información fidedigna en los temas que le interesan podría acceder a un sistema como el descrito anteriormente y opinar sobre la gestión de sus autoridades locales, sobre sus necesidades prioritarias y lo que es más, se establecería con el tiempo una relación entre información veraz y respuesta de la población que terminaría por hacer conciencia en la población de la necesidad, y al mismo tiempo de las ventajas, de participar como ente activo en el proceso democrático.

Un proyecto piloto como el descrito podría ser asumido por cualquiera de las ONG que actualmente gravitan en nuestro medio social.