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La presente administración del Lic. Danilo Medina ha enviado claras señales de su intención de racionalizar el gasto y al respecto vale citar el Decreto de austeridad (499-12), el cumplimiento del tope máximo de seis Viceministros por cada cartera, la eliminación de tres instituciones inoperantes, el nuevo Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones. Sin embargo, es en el marco de la Reforma de la Administración Fiscal y en el Sistema Nacional de planificación, cosechas del gobierno del Dr. Leonel Fernández, en donde contará con los mejores instrumentos para garantizar transparencia y eficiencia en el gasto.
En noviembre del 1996, en la primera gestión del Presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID en marzo de 1998, pero un Congreso de mayoría perredeísta dilató la aprobación del convenio hasta septiembre de 2000. En ese cuatrienio apenas se logró la promulgación de la Ley de Contabilidad Gubernamental (126-01).
En la segunda gestión del Dr. Fernández se reinició la reforma de la administración fiscal y se aprobaron las Leyes de Tesorería, la de Crédito Público y la de Contrataciones Públicas; pero fue necesario esperar una mayoría en el Congreso para concluir con la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarías de Hacienda y Economía, Presupuesto, modificación a la Contratación Pública de Obras, Control Interno y Auditoría, así como el Sistema Integrado de Administración Financiera.
Una de las piezas fundamentales de esta reforma lo representa la Ley 5-07 que establece el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). Una herramienta tecnológica clave lo representa el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) que permite producir información confiable y a tiempo para la toma de decisiones, y representa un gran apoyo a la ejecución presupuestaria, la gestión de deuda pública, gestión del tesoro y los registros contables de las transacciones.
El cumplimiento de este conjunto de leyes, desde la cuenta única de Tesorería hasta la Ley de Compras, conjuntamente con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, representan las herramientas más poderosas para hacer rendir socialmente los recursos y reducir los niveles de corrupción.
Con la cuenta única de Tesorería se centralizarán todos los ingresos y pagos del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y autónomas no Financieras. La Cuenta Única elimina el manejo discrecional que ciertos Ministerios e instituciones realizan con ingresos captados por ellos, aunque podrán disponer de esos fondos gracias a la apertura de sub-cuentas cuyos desembolsos se harán en función de una normativa. El Presidente Medina en campaña se comprometió hacerla efectiva en enero de 2013.
El cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones con todas sus modalidades (licitación pública, restringida, sorteos de obras, contratación directa y comparación de precios) garantiza menores precios y un freno a la corrupción, porque es justamente en las compras y contratos de grado a grado en donde se han generado los mayores niveles de corrupción en todos los gobiernos y se han producido las mayores inequidades y atentados a la libre competencia.
Para garantizar que las obras públicas se realicen de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, a un plan plurianual de inversión y además contribuyan al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, basta aplicar los lineamientos de la Ley 498-06 (Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública) y su reglamento.
Va a ser una ardua tarea para el Presidente Danilo Medina lograr transparencia y calidad en el gasto (corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho), pues será necesario que las inversiones se realicen con la debida planificación, y muy especialmente romper con el otorgamiento directo de los contratos, fuente histórica del enriquecimiento ilícito en todos los gobiernos.
