Transparencia y rendición de cuentas

Transparencia y rendición de cuentas

M. DARÍO CONTRERAS
Las recientes escaramuzas entre el Secretario de Estado de Interior y Policía y los representantes de los gobiernos locales por su pedido de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos del país, trae a colación un asunto de suma importancia para el fortalecimiento y consolidación de la democracia dominicana. Tradicionalmente las auditorías públicas han estado doblegadas al presidencialismo y, más recientemente, a la partidocracia. ¿De qué sirve tener los sistemas más avanzados de vigilancia gubernamental, si no se tiene autonomía política para llevar a cabo el trabajo? Hacemos esta pregunta porque aunque un pedido de rendición de cuentas sea hecha con la mejor intención, los interpelados generalmente claman persecución política si son del bando contrario. Y no es para menos considerando la tradición dominicana, y muy latinoamericana, de utilizar las auditorías como medios de presión y/o sometimiento de los contrarios.

La corrupción, según una muy conocida fórmula anglosajona en el área de la Administración Pública, es directamente proporcional al grado de monopolio de la información bajo el control del Administrador, sumado a la discrecionalidad que se dispone para otorgar un bien o servicio, e inversamente proporcional a la transparencia con que se opera – que en el idioma inglés se le llama «accountability» o rendición de cuentas. Es decir, mientras operemos con mayor transparencia, más reduciremos las oportunidades de sacar provecho personal de nuestras funciones públicas. En nuestro país algunos le adicionarían el término impunidad a esta fórmula: a mayor impunidad mayor corrupción.

Dejando a un lado si el pedido del Secretario Almeyda Rancier obedece o no a razones meramente políticas, los síndicos que han manejado los fondos públicos con pulcritud y provecho para sus comunidades, y que desean repetir en el cargo, deberían aprovechar la oportunidad brindada por el alto funcionario del Gobierno y mostrar con números la labor de su gestión. ¿Qué mejor manera de cerrar un ciclo de gestión pública que con una aceptable rendición de cuentas a sus conciudadanos? De la misma manera que las empresas y las compañías deben rendir un estado de cuenta anual a sus accionistas, así también deben los que manejan fondos públicos someter su administración al escrutinio de los ciudadanos que pagan con sus impuestos los salarios de los funcionarios del Estado.

Se argumentará que los municipios depositan sus estados financieros en la Liga Municipal Dominicana (LMD), en la Cámara de Cuentas y en la Controlaría General de la República. Quien esto escribe no recuerda haber escuchado o visto, de manera pública, un informe crítico sobre el manejo de los fondos que hacen los ayuntamientos. Si esto ha ocurrido, parece que se ha quedado muy soterrado o sepultado por la indiferencia o el compañerismo partidario. Y volvemos a insistir sobre la pregunta inicial, ¿tienen los organismos de fiscalización gubernamental la suficiente autonomía política para realizar eficazmente su labor de vigilancia? Creemos que no la tienen. La LMD es prácticamente infuncional, la Cámara de Cuentas es muy dependiente de la partidocracia que reina en el Senado y la Contraloría es una dependencia directa de la Secretaría de Estado de Finanzas, dependiente a su vez del Poder Ejecutivo.

Es necesario pensar en un nuevo diseño institucional para la rendición de cuentas a partir de órganos de auditoría que gocen de autonomía plena de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Tribunal de Cuentas de Francia puede servir como referente para el cambio institucional que debe implementarse en nuestro país para garantizar una debida fiscalización del uso de los fondos públicos, ya que este Tribunal es reconocido internacionalmente por su imparcialidad y la circunspección con que maneja los asuntos puestos bajo su responsabilidad. No es suficiente el disponer de legislaciones avanzadas en materia de administración financiera si al mismo tiempo no se cuenta con los instrumentos idóneos que despejen toda duda de manejos sectarios o amañados. Hoy en República Dominicana a las auditorías sobre casos de corrupción les pasa lo mismo que a las elecciones hace 20 años: nadie cree en sus resultados. Mientras el subordinado vigile al jefe, nadie tiene razón para creerles.

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