La constitución de la Junta Central Electoral presente, que dejó atrás una tensa etapa de procesos comiciales, representó un cambio tranquilizador basado en  la confianza de todos los partidos políticos.

Este tribunal fue importante  recientemente  en la  asesoría y vigilancia sobre tres grandes convenciones de las organizaciones partidarias reconocidas como mayoritarias.

Aunque en los tres casos quedó admitido que los votantes ejercieron libremente, y de hecho no hubo impugnaciones formales trascendentales, en muchos ciudadanos quedó  la pesadumbre causada por la importancia que el dinero llenó en las justas, el derroche de recursos y la escasez de argumentos y programas.

El resultado no se ha hecho espera: la sociedad hizo su reflexión y se puede afirmar que el consenso es claro:

El país necesita un reglamento de aplicación efectiva sobre los partidos. Los ingresos y gastos de tales organizaciones tendrán que hacerse, de ahora en adelante, a la luz del día.

Primero porque existe el financiamiento del Estado, sudor de los contribuyentes; cuya mayor utilidad debe ser garantizar la independencia de los partidos respecto de intereses particulares.

Y segundo, porque las contribuciones privadas –sobre todo las que provengan de clanes  poderosos- tienden a convertir a los partidos políticos en instrumentos de minorías privilegiadas.

La JCE deberá contar con un instrumento legal para controlar y disminuir el peso específico de grupos o consorcios que a base de papeletas quieran ejercer, entre bastidores, influencias mayores sobre la política y el poder.

El tribunal deberá también impedir, como ocurrió en las justas internas y nacionales pasadas, que el dinero corra a montones en un país que necesita el uso racional de sus recursos; y mucho menos que corra en un mundo como el de los partidos, a los que es inevitable señalar de viejo como determinantes en la presencia trascendente  que la corrupción mantiene en nuestro medio.

II

Hay otras providencias legales que deben tomarse para el fortalecimiento del sistema político. Reformas precipitadas seccionaron al máximo tribunal electoral hace un tiempo.

Se trata de Cámaras que saludablemente deben ejercer sus funciones y  áreas de obligaciones con independencia.

Sin embargo, parece evidente que la bifurcación genera una dispersión de criterios y simultaneidad de voces que originan confusión y  expresan una soterrada rivalidad.

La JCE no puede dejar de ser única como expresión de los criterios  alrededor de los cuales gire la vida electoral.

Por encima de las dos Cámaras, llamadas a trabajar en fases diferentes, existe un pleno que es el que de manera colegiada traza las líneas fundamentales de los procesos.

Y sobre todo, existe el Presidente, que debe preservarse como el mayor depositario de las responsabilidades; la voz más alta, a la que jamás debe faltar la primacía respaldada por la calidad y la autoridad morales; y no hay dudas de que el doctor Julio César Castaños Guzmán las reúne.