La vehemencia resonante de objeciones desde bancadas partidarias al proyecto de ley de fideicomiso aparece fundada en escepticismos atendibles y de legítimo derecho de legisladores; pero está claro por antecedentes numerosos en otros países y en la propia República Dominicana que se trata de un marco legal apropiado a groso modo para múltiples fines de bien social.

Procederían, por un ideal perfeccionista, propuestas de incluir cláusulas que sin ambigüedad ni cabos sueltos garanticen la preservación de patrimonios inalienables de la nación y que proscriban toda posible concesión excesiva de beneficios a entes particulares. Hay mucha diferencia entre iniciativas para hacer eficiente la fórmula asociativa que ya fructificó al ser aplicada por el sector que antes fue Gobierno, y embestirla ahora casi en términos generales en dirección a descalificarla por completo.

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La ley en proyección está llamada a sustentar la participación equilibrada de capitales y recursos públicos en ambiciosos proyectos de desarrollo en el Sur Lejano y eventualmente en otros ámbitos geográficos. Una legislación inequívoca haría posible la supervisión de los poderes, y hasta de la opinión pública, para que su letra y espíritu brillen con estricta aplicación.

Las trincheras opositoras, supuestas a estar de acuerdo, en esencia al menos, con cualquier buen propósito de impulsar el progreso económico y social, regional o nacional, deberían sumarse a ese tren con proposiciones edificantes aunque no les toque conducirlo.