La intención de los senadores de penalizar con cárcel de 3 a 10 años y multas de 10 a 50 mil pesos a los que transporten extranjeros ilegales, encontró ayer la oposición de los dirigentes choferiles, quienes pidieron que esto no se incluya en las modificaciones a la Ley de Migración.

Invernizze Heredia, gerente general de la Empresa de Transporte de Pedernales, que junto a otros dirigentes choferiles participó en la reunión con la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado expresó que se están extralimitando con el compromiso que les piden a los choferes con los extranjeros ilegales que abordan sus unidades.

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“Nosotros no somos inspectores de migración, no tenemos que preguntarle a un pasajero por sus documentos”, dijo.

Advirtió que como empresa entienden que es Migración quien debe, con seguimiento de inteligencia, dar con los responsables que cruzan haitianos por la frontera y no romper la soga por lo más débil.