Tras la controversia que generó el hecho que fuera impedida el pasado sábado una manifestación pacífica de dominicanos de ascendencia haitiana frente al Altar de la Patria,en el Parque Independencia, la activista social y defensora de los derechos humanos Ana Belique, consideró que «por más permisos que obtuvieron, la decisión era evitar la realización de la actividad».

A continuación reproducimos el texto íntegro con su opinión, titulado: La complicidad del Estado es a la franca

La complicidad del Estado no es discreta, es a todas luces y a la franca, por eso no creo cuando me hablan de “voluntad del gobierno”. ¿Qué voluntad ni qué nada? Lo que este sábado 18 de noviembre demostraron las autoridades llamadas a «preservar el orden», es su ferviente deseo que la manifestación por la Restitución de la Nacionalidad fracasara, encontrara todos los obstáculos, y no importaba si estallaba la confrontación y el desorden; ellos mismos estaban dispuestos a propiciarlo. Pero como siempre hemos sostenido desde el movimiento Reconoci.do, esta lucha procuraremos que sea siempre pacífica.

Este sábado demostramos una vez más nuestro civismo, al reclamar con la frente el alto un derecho sin tener que sucumbir a las provocaciones de los que despotricaban en contra nuestra.

Lo que el país debe saber es que hace apenas un mes el movimiento Reconoci.do recibió la invitación de la Cancillería dominicana a una reunión para tratar el tema de las medidas cautelares que la CIDH nos otorgó en el año 2014. Como siempre, quienes administran el Estado dominicano se veían en el apuro de tener que dar un informe de lo que no habían hecho y esta vez, para no llegar con las manos vacías, nos llamaron de urgencia. En ese encuentro estuvo presente personal de Cancillería, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional.

A pesar de que durante todo este tiempo nunca nos habían llamado para brindarnos información, decidimos responder a la invitación y una comisión del movimiento se hizo presente en dicha reunión. Esperábamos alguna novedad por parte de las autoridades allí presentes, pero ellos nos lanzaron la bola, preguntándonos qué queríamos ahora, ya que supuestamente “en el 2014 nos ofrecieron algo que nosotros no aceptamos”.

Sinceramente no recuerdo cuál fue aquella supuesta oferta, pues lo que nosotros pedimos en aquel momento lo volvimos a pedir en esta reunión, ya que nada de lo establecido se cumplió y nuestro pedido era muy simple: que se investigaran las amenazas que se habían producido en contra de miembros del movimiento; que el Estado hiciera un llamado de no tolerar los actos que incitan el odio y la violencia contra dominicanos de ascendencia haitiana y sus defensores; que se sancionaran este tipo de manifestaciones de odio, y que se garantizara la libertad de manifestación de las actividades del colectivo por la restitución de sus derechos.

Este último pedido lo reiteramos en esta ocasión, especialmente recordando lo ocurrido en nuestra actividad del 23 de septiembre del 2016, donde un grupúsculo no superior a cinco ultranacionalistas, respaldados por las autoridades que estaban llamadas a mantener el orden, se plantearon boicotear nuestro acto.

En la reunión en la Cancillería, los funcionarios del Estado se comprometieron a poner especial atención a las denuncias que han realizado los defensores de derechos humanos amenazados o agredidos, a dar respuestas a las mismas, a velar por que nuestras actividades se pudieran realizar dentro del marco de la seguridad y de la libertad, y cuidando que no coincidieran dos grupos a la vez en el mismo lugar.

También se comprometieron a enviar personal debidamente preparado para atender este tipo de actividades pacíficas, cuidando que no volviera a suceder lo que paso el 31 de julio del año en curso durante la manifestación de los cañeros, donde uno de los ancianos que se manifestaban terminó gravemente herido.

Cuán grande fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que el coronel CASSO, responsable del bombazo que rompió la mandíbula del anciano cañero que reclamaba su pensión en la marcha del 31 de Julio, era el que estaba a cargo del grupo de policías armados en nuestra manifestación del pasado fin de semana, cuyos subalternos estaban preparados y amenazaron con lanzarnos bombas lacrimógenas. Sí, ese mismo hombre que hoy no debería estar vistiendo un uniforme policial, sino más bien debería estar siendo juzgado por el acto de agresión en contra de aquel pobre anciano que estuvo casi al borde de la muerte. Esa es la seguridad que el Estado nos da. ¿Para eso nos citan a reuniones de urgencia?

Esto nos permite confirmar que cuando se habla de dominicanos de ascendencia haitiana, cuando se habla de racismo y derechos humanos, no se hace presente una genuina voluntad política para ofrecer las mínimas garantías de seguridad y libertad.

Lo que se evidenció en el acto del Parque Independencia. fue una total complicidad de las fuerzas de orden estatales con la docena de ultranacionalistas que se hicieron allí presentes. Por más permisos que diligenciamos y obtuvimos, la decisión era evitar la realización de la actividad.

Es un hecho: el gobierno no cumple su palabra, así como no lo ha hecho con la ley 169-14 y con la mentira de la naturalización después de los dos años. Frente a todas estas situaciones, es evidente que todas las instancias del Estado son abiertamente cómplices y el gobierno no cumple sus compromisos.

Fotos de la manifestación.