Luego del caos vehicular que afectó a la ciudad de Santo Domingo debido a fallas en los semáforos de sus principales avenidas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha asegurado a la ciudadanía que la situación está bajo control.
Osoria de la Cruz, director de DIGESETT, afirmó que ante cualquier irregularidad que pueda presentarse, la institución promete «brindar el servicio que el pueblo necesita para salir a la calle».
Además, de la Cruz añadió que los ciudadanos no deben temer ante la posibilidad de enfrentar una situación similar en el futuro, «nosotros estamos prestos para proteger a la ciudadanía», dijo.
Desde hace dos días, varias intersecciones de la capital, como 27 de Febrero con Máximo Gómez, Jiménez Moya con Sarasota, Lope de Vega con Roberto Pastoriza, Núñez de Cáceres con 27 de febrero y Rosa Duarte con México, han estado custodiadas por agentes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y miembros del Ejército Nacional.
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Según la entidad, esta medida busca asegurar la fluidez del tráfico y prevenir que Transcore Latam vuelva a tener el control.
Explicación del Intrant sobre el apagón semafórico
El Intrant señaló que las fallas se debieron a una intervención no autorizada de Transcore Latam. Según la organización, la empresa procedió a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin consentimiento, lo que constituyó una violación de los acuerdos establecidos.
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Al detectar esta situación, el Intrant notificó a la empresa, pero en lugar de corregir el problema, Transcore cesó todos sus servicios a las 10:44 p.m. del 27 de agosto, informando de su decisión a través de un chat interno.
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Acusaciones contra Transcore Latam
Esta situación se suma a las denuncias que ya pesaban sobre Transcore Latam. Hace más de un año, su director, Padovani Báez, fue acusado de violar la Ley de Contrataciones Públicas y de cometer fraude contra el Estado a través de su contrato con el Intrant.
Pese a que el contrato fue anulado en 2023, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, aclaró que se mantuvo vigente mientras se agotaba un proceso jurídico que incluía la realización de una auditoría para fundamentar la disolución del mismo.