MANUEL QUIROZ 
Tras el anuncio de los términos del acuerdo económico que arribó con Odebrecht por el tema de los sobornos, en virtud del cual ya entraron al fisco US$30 millones de los US$184 convenidos y que serán completados en ocho años, el procurador Jean Rodríguez asume ahora un gran reto, quizás el más delicado por su naturaleza en el espinoso proceso en curso.
Contrario a dudas, reservas y temores exteriorizados de que el caso pueda sumirse en el olvido y no profundizarse, el Procurador ha empeñado su palabra al reafirmar que seguirá “trabajando sin descanso y hasta las últimas consecuencias para identificar a quienes aceptaron dádivas en perjuicio del Estado y de toda la sociedad, caiga quien caiga”.
Como en el pasado otros casos de denuncias de prevaricación y corrupción no han tenido consecuencias, este escepticismo es comprensible y quizás por eso la Procuraduría se ha adelantado a dar seguridades del fortalecimiento de la investigación local a través de una cláusula de cooperación en el acuerdo, que obliga a Odebrecht a “robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”.
Para subrayar la firmeza de esa determinación y no dar margen a nuevas suspicacias, señala que el objetivo es identificar a cada uno de los que se beneficiaron del entramado de esta “estructura criminal” en el país y procesarlos para que sientan todo el peso de la ley y que por eso el acuerdo apenas es el comienzo de los esfuerzos hasta ahora emprendidos.
Uno de los puntos resaltados en el acuerdo refiere que, aparte de Brasil, la República Dominicana es el único país latinoamericano que a la fecha ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos, además de ser el que recibirá la totalidad de la indemnización pactada en un plazo de ocho años, a diferencia de períodos mayores en Estados Unidos, Colombia, Panamá y Perú.
Otro punto importante señalado pero sin una precisión explícita, es el relativo a que el país gozará adicionalmente de un derecho de “prelación o privilegio” en el cobro de la indemnización sobre los demás países, un mecanismo mediante el cual los estados resuelven los conflictos de garantías de los bienes del otorgante entre acreedores concurrentes. En otras palabras, que bajo ese lineamiento la República Dominicana estaría exenta de cualquier posibilidad de incumplimiento en los pagos por parte de Odebrecht.
De los términos del documento se desprende además que Odebrecht podrá continuar trabajando en el proyecto de las plantas a Carbón de Punta Catalina y sin impedimento de ningún tipo para participar en otras obras, ya que como consecuencia del compromiso suscrito, el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había requerido contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección general de Contrataciones Públicas.
Es de esperar que en la parte jurídica se haya sentado un precedente por ser la primera vez que el Estado dominicano queda resarcido por la aplicación de la Ley 448-06 sobre sobornos, cuya aplicación no deberá limitarse a la presente coyuntura, sino servir en lo adelante como un eficaz instrumento en la lucha contra la corrupción y la impunidad, un reclamo ampliamente compartido por representantes de diferentes sectores de la sociedad.
Por igual, la exigencia a la filial dominicana de Odebrecht de que aplique y observe las mismas medidas de fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y transparencia pactada por su matriz en otras naciones, debería enviar un mensaje a las empresas nacionales de que deben actuar con rectitud, sin tramposerías y con estricto apego a las disposiciones legales, compitiendo sin prácticas oscuras o desleales.
