La Procuraduría General de la República trasladó el Tribunal de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo a la cárcel de La Victoria, como parte de las medidas para reducir el hacinamiento del recinto.

 El Tribunal, encabezado por el juez Rafael Báez,  en coordinación con la Fiscalía de la provincia y  la Defensa Pública, dejó en libertad a ocho reclusos de entre los que cumplieron sus condenan y que todavía guardaban prisión por no cumplir el pago de multas.

  Durante el operativo, se realizó  un rol de audiencia de aproximadamente 50 casos,  que incluyó a los reclusos que padecen  enfermedades terminales  y   cumplieron  70 años. 

Los beneficiarios con las libertades en esta primera etapa son Joan Manuel Peguero Mercedes, Roberto de la Cruz Díaz, Francisco Javier Gálvez, Carlos Manuel Aquino, Julio César Espinal, Roberto Taveras de la Cruz, Willy Castillo Adames y José  Díaz Bautista.

El magistrado Rafael Báez aseguró que el traslado del  Tribunal se realizará una vez por semana, para ordenar la libertad de 200 o 300 reclusos en los dos  meses que restan a este año.

Por instrucciones del Procurador, al mismo tiempo, la dirección de Prisiones  actualmente    realiza un censo en el penal, con el propósito de conocer  la matrícula de los 6,000  reclusos de La Victoria, y la situación jurídica y de salud que enfrenta cada uno.

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Traslado presos

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que en las próximas semanas iniciará la desocupación de la Cárcel Pública 2 de Mayo, de Moca, mediante el traslado  de los más de 300 reclusos del penal al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), de esa ciudad. El funcionario hizo el anuncio durante un encuentro que sostuvo con representantes de distintos sectores de la provincia Espaillat.