Llennis Jiménez 
Diputados de cuatro comisiones abocados a cambiar ley
La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y que castiga este delito está siendo sometida a reforma en el Congreso Nacional.
Las Comisiones Permanentes de la cámara baja en las áreas de Derechos Humanos, de Ministerio Público, de Desarrollo Humano y de Interior y Policía participan en la modificación de la ley, por lo que recibieron los resultados del primer estudio de trata de personas realizado en el país.
Revela que durante la pandemia aumentaron los factores de vulnerabilidad de algunas personas, principalmente de las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y o reducción del horario laboral.
Destaca el entramado social entre municipios y provincias.
El estudio lo encargó Participación Ciudadana. Lo efectuó la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, a cargo de las investigadoras Tahira Vargas y Sonia Hernández.
Se llevó a cabo en las localidades de Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
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Rasgos del estudio
La modalidad más aguda es la trata de personas para explotación sexual comercial en municipios y zonas turísticas, como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.
En municipios turísticos o no, encuentra poblaciones migrantes haitianas, venezolanas, colombianas y en menor grado ecuatorianas, víctimas de trata de explotación sexual.
También se recomiendo, en el estudio, promover la capacitación de los actores gubernamentales responsables de combatir el delito en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Incidir en favor de una mayor disposición de cantidad de recursos para el abordaje de la trata de personas desde el Estado y lograr que sea efectiva la judicialización y el establecimiento de sentencias condenatorias contra los tratantes entre otras recomendación.
