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Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana tuvo a su cargo la presentación del estudio
El movimiento cívico Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Trata de personas en la República Dominicana”.
Su finalidad es sensibilizar a los miembros de organizaciones de la sociedad, autoridades y la ciudadanía sobre la situación de la trata de personas. Se busca además formas efectivas de combate a la misma dentro de los órganos reguladores y organismos encargados de hacer cumplir las leyes.
El movimiento cívico señaló que, la trata de personas ha estado presente en nuestro país desde antes de la pandemia por causa del COVID-19. Sin embargo, es necesario destacar que durante esta crisis hay factores que aumentaron la vulnerabilidad de algunas personas.
Los principales afectados son las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y/o reducción de horas laborables. Esto de una manera u otra afectó los ingresos económicos de las familias dominicanas.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien señaló que esta institución sigue realizando alianzas para la sensibilización sobre la trata de personas.
“La trata de personas es un tema que desnuda una dura realidad, una problemática ligada a la pobreza, a la discriminación, desigualdad, marginación, violencia y corrupción”, puntualizó Leidy Blanco.
Tahira Vargas, integrante del equipo de investigación de este estudio, señaló que la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial que se da en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.
“En Boca Chica, se observa una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente como víctimas de explotación sexual comercial”, precisó.
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Condiciones
La investigación plantea que, “algunas familias en condiciones de pobreza ofertan a sus hijos e hijas en el comercio sexual convirtiéndolos en víctimas».
La débil judicialización de los casos de trata en los municipios afecta notablemente la prevención y la detección. Esto se da porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito, precisa el estudio.
Por ello, la trata de personas se convierte en un delito con alta impunidad y permeada por la corrupción.
El estudio especifica que tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana.
Las formas de explotación son, sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.
Localidades
La investigación que se presentó es el resultado del estudio cualitativo realizado en Sosúa, Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica. También el Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Las técnicas utilizadas, fue a través de entrevistas y grupos focales virtuales y presenciales con actores gubernamentales y no gubernamentales.
En la presentación del estudio se contó con la asistencia de autoridades municipales, funcionarios públicos, y miembros integrantes de la sociedad civil.
Este estudio se realiza en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia de Participación Ciudadana, el cual se desarrolla conjuntamente con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Además del estudio, se realiza una serie de acciones orientadas al aumento del compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y la prevención del delito en la República Dominicana.
