POR JOSÉ  LUIS  ALEMÁN  S.J.
Hasta el siglo XX, la Economía recibía el nombre de Economía Política. La búsqueda de políticas claras para la mejora de la sociedad, yacía tras la nomenclatura. Desde esa perspectiva el nombre estaba bien elegido. Pero  el padre de Keynes, Neville,  dividió la materia en tres áreas: la teoría o esfuerzos por comprender el quehacer económico, la normativa o criterios para evaluarlo y las políticas aptas para modificar el comportamiento social de acuerdo a las normas mencionadas.

Así nacieron tres grandes subdivisiones de lo que antes se consideraba una unidad: Teoría económica, Economía del Bienestar y Política Económica. Esta nueva concepción no sólo es lógica, sino necesaria para evitar confusiones entre lo que es y lo que debiera ser, una gran tentación de quienes inician sus estudios y de toda burocracia sólo medianamente calificada.

 La Teoría como estudio de lo que es, pudiera haber arrancado de la descripción de hechos, su clasificación y la formulación de hipótesis con sentido racional. De hecho, el camino arrancó de la formulación de axiomas a priori no necesitados de justificación. Hacia mil novecientos setenta, esta magnífica construcción ideal pretenciosa de realidad con sus postulados de motivación maximizadora,  información completa y actores individuales, comenzó a ser probada por la econometría. Apareció así un golfo entre las orillas de lo supuesto y de lo estadísticamente justificable. Todavía los economistas tienden a centrarse en la econometría o en la observación de los datos. Digamos, para personificarla, Milton Friedman versus Coase.

Esta revisión de la teoría y la realidad enseñó que lo idealmente pensado, no puede suponerse tal cual a la hora de proponer políticas. Obviamente los postulados de la teoría son una caricatura de la realidad. Quien aspire a encontrar políticas tiene que enfrentarse a una serie formidable de realidades sociales y políticas poco sistematizadas y proclives a interpretaciones subjetivas. La tarea de la Economía Política es la de introducir esas realidades en el cuerpo teórico de la economía.

Por eso, los economistas enfrentamos, como veremos en el caso de tratados de libre comercio, dificultades y limitaciones muy evidentes a la hora de asesorar o de enjuiciar políticas públicas o empresariales.

1. RAÍZ DEL PROBLEMA

La realidad de la persona y de la sociedad es tan compleja que en un primer momento, todo estudio sobre ella se siente presionado a elegir una de sus dimensiones relegando o abstrayendo de otras. La teoría económica privilegia tautológicamente la económica e ignora, sin negarlas, la moral, sentimental, patriótica o religiosa. La poesía, la literatura y hasta la historia trotan otros caminos, ya que buscan el sentido racional o estético de personas o sociedades.

No es ésta una excepción científica. La biología comenzó por la descripción de las especies y al acumularse el conocimiento, se extendió a especialidades como la genética y la bioquímica para abarcar otras dimensiones.

La dificultad surge con la exigencia de resultados prácticos. Como la realidad es tan rica tenemos que abandonar prematuramente los protectores muros de la unidimensionalidad y encarar la variedad del mundo. Para la economía, el reto es apreciable porque otras disciplinas sociales no se caracterizan ni por una especificidad definida ni por la aceptación mayoritaria de sus resultados por la comunidad académica.

Pareto, el mismo que comenté semanas pasadas, emprendió esa  hercúlea tarea ofreciendo probables teorías sobre el desarrollo de los “sentimientos fenómenos con fuerte carga emotiva no comprobables experimentalmente, pero con mayor impacto en la vida social que las mismas conductas económicas”. Reduciendo el número de los sentimientos socialmente importantes nos habla del patriotismo, de la moral y de la religión.

El principio del libre comercio establece que el producto total de dos países que comienzan  el intercambio mutuo de bienes, aumenta. No es tan seguro, en cambio, que el libre comercio favorezca siempre a ambos países.

La importancia de una política de libre comercio, o mejor de comercio administrado como el TLC,  radica en el aumento de la producción total. No es posible, sin embargo, aumentar en la vida real ese comercio sin tener en cuenta  numerosas consecuencias sociales.

2. CONSECUENCIAS DEL LIBRE COMERCIO: LA INNOVACIÓN DESTRUCTORA

 Toda auténtica innovación -combinación de nuevos bienes y servicios, procesos de producción, mercadeo y financiamiento- los hace una empresa que está en competencia con otras. Como consecuencia, el resto de las empresas del sector se ve forzado ante el atractivo de los nuevos, mejores o más baratos productos  a imitarlos o a salir del mercado.

Schumpeter designó con agudeza que la innovación creadora permite a la empresa alterar el mercado a su favor durante el tiempo en el que goza de ventajas comparativas y lograr ganancias cuasimonopólicas que le permiten dedicar más recursos a la investigación. El monopolio empresarial, no el institucional logrado por subsidios y proteccionismo gubernamental, se va convirtiendo así en el factor determinante del progreso económico y, paradójicamente, en el democratizador por excelencia del consumo. El “capitalismo monopólico” logra poner al alcance de las obreras las sedas y prendas de vestir antaño exclusividad de las y los ricos. Nadie entendió mejor el motor del dinamismo económico y social del capitalismo salvaje.

El libre comercio, la apertura a bienes y capitales foráneos, se equipara en la capacidad dinamizadora y modernizadora con la innovación tecnológica.  Su dinamismo obliga a los productores a innovar tratando de superar a la competencia o  a morir. Históricamente está más que demostrado que la innovación empresarial ha contribuido decisivamente a la aniquilación de muchas de las empresas y talleres no capaces de recuperarse. De paso Schumpeter nos obliga a respetar los monopolios… si sus ganancias se dedican a la investigación. Sin ellos, o sin apertura externa, el ideal de la modernización es inalcanzable.

De ahí, desgraciadamente, se siguen consecuencias sociales desagradables: posible pérdida neta  de empleos (testigos David Ricardo y el senador Kerry), baja del salario real, ruina de la mediana empresa, presión sobre la seguridad social… Pero también, como vio Marx en su Manifiesto, otras secuelas ambiguas como la disponibilidad para las luchas políticas y de clases de sujetos desplazados con capacidad gerencial y motivación guerrera.

Entramos así en el conflicto de intereses sociales  encontrados el umbral de la economía política.

3. CAMUFLAJE DE INTERESES SOCIALES

Históricamente las clases beneficiadas por políticas públicas han usado en esa lucha de intereses una estrategia engañosa: persuadir a la opinión pública de que abogan por el bien común y no el interés propio movilizando en su favor sentimientos de patriotismo y de populismo: dos ejemplos de la más eficaz farmacopea y analgésica políticas. Dicho sea de pasada, no son sólo los empresarios y los políticos los galenos que los recetan; también los dirigentes culturales y religiosos han mostrado adicción a su uso.

 Caso palpable de esta lucha de intereses, es la controversia en torno al famoso impuesto a los edulcorantes de maíz. Los consorcios azucareros proclaman en nombre del patriotismo, del empleo de los  obreros cañeros y  del necesario proteccionismo para la salud de la columna vertebral de la economía dominicana, su oposición a la supresión del impuesto. Obviamente se defienden así intereses de grupos específicos industriales aprovechando ventajas institucionales meramente hipotéticas -sólo posible ni siquiera muy probable sustitución de los edulcorantes de maíz a favor de los de azúcar- y no empresariales.

Exactamente del mismo modo como defiende el Congreso de los Estados Unidos el mantenimiento del impuesto en nombre de un libre comercio y de igualdad de oportunidades en la lucha de David y Goliat.

Por supuesto, los lemas aludidos no son pura invención; siempre esgrimen no sólo teorías (libre comercio, libre empresa, progreso, modernización…) sino muy probables ventajas sobre todo dinámicas, o sea a mediano y largo plazo. Caminamos aquí un terreno minado por intereses, realidades, teorías y sentimientos.

Los grupos socialmente perjudicados emplean, a diferencia de los beneficiados, una estrategia altamente realista y  a corto plazo fácilmente digerible por su “constituyente”. El hecho, sin embargo, de que en un análisis quizás más objetivo las supuestas ventajas del impuesto protector sean hipotéticas,  no facilita precisamente una toma de decisiones públicas encaminadas al bien común.

CONCLUSIONES

La falta de resultados limpios y transparentes en el  análisis del caso citado, puede interpretarse como imposibilidad de superar los intereses dominantes -lo que fomenta la Realpolitik-, como fracaso de la Economía como ciencia servidora del  bien común -triunfo del “pragmatismo” frente al “tecnicismo burocrático”- o como incentivo al examen de la complejidad de la vida real en orden a no tomar medidas tendencialmente favorables de   intereses cualquieristas. Prefiero la última interpretación que, al menos, busca cierto equilibrio en la romana social basado en lo que hoy por hoy parece más  prometedor aunque no sea absolutamente demostrable.

Por eso, el político responsable toma medidas de efecto meramente probable sobre el bien común aceptando implícitamente su potencial fracaso. Así procedemos todos cuando enfrentamos decisiones de efecto permanente futuro tan importantes como el matrimonio o la profesión. No se trata de que el éxito del torero depende de la rápida estocada sino de la osadía y gallardía de sus pases. Se trata de la seriedad y responsabilidad del ser humano político no siempre medibles por el éxito.