Uno de los múltiples retos que la COVID-19 ha traído a América Latina y el Caribe, es poder mantener la sostenibilidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, este desafío no excluye a la República Dominicana. Como se identificó durante el estado de emergencia, se registraron denuncias sobre escasez de medicamentos de alto costo para tratar enfermedades como la Esclerosis Múltiple, el Cáncer y la Artritis Reumatoide. 

Sobre esta última, es importante resaltar que esta es una dolencia crónica que afecta principalmente a las mujeres y se caracteriza por un fuerte impacto en la funcionalidad de las articulaciones comprometidas, debido a la actividad inflamatoria que la enfermedad genera sobre éstas. En Latinoamérica, aproximadamente un 0.5% de la población padece de esta enfermedad, según información publicada en la Revista Biomédica de Bogotá.

Esta realidad, pone en evidencia la importante tarea que tienen los sistemas de salud de la región, a la hora de procurar que, mientras se mantiene la atención a pacientes con coronavirus, no se descuiden los tratamientos de enfermedades crónicas tan desafiantes como la Artritis Reumatoide; justamente esto lo defendió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hace unos meses dicha entidad indicó que “es vital que los países encuentren maneras innovadoras de garantizar que los servicios esenciales para las enfermedades crónicas continúen, aunque al mismo tiempo estén combatiendo la COVID-19”.

A pesar de esta advertencia del organismo internacional, la realidad es que el 25% de las personas que padecen Artritis Reumatoide en la región, suspendieron sus tratamientos a causa de la pandemia. Esto, según un estudio realizado sobre el impacto de la pandemia en pacientes latinoamericanos con enfermedades reumáticas, mencionado por el especialista Daniel Fernández, reumatólogo del Hospital Universitario San Ignacio de Colombia, a la prensa de ese país.

De acuerdo con los datos de este estudio, el confinamiento ha sido un factor determinante para que los pacientes dejaran de tomar sus tratamientos. Esto por el temor a salir de sus casas, y por la menor disponibilidad para visitas médicas en los centros de salud, a causa de los casos de COVID-19. En adición, se presenta el desafío de acceso y abastecimiento de medicamentos de alto costo, presentado en la República Dominicana.

Alternativas para mejorar el abastecimiento y acceso

En ese sentido, se espera que el año 2020 sea el punto de quiebre reflexivo en República Dominicana, para alcanzar regulaciones que incentiven la introducción de opciones innovadoras, que permitan asegurar el abastecimiento necesario de tratamientos para pacientes de Artritis Reumatoide, y otras enfermedades crónicas de alto costo.

Sobre esto último, en aras de mejorar la disponibilidad de tratamientos biológicos y de contribuir con una mejor gestión del gasto público en salud, muchos destacan que los medicamentos biosimilares se presentan como una alternativa oportuna. Estos, cuentan con igual efectividad clínica que los biológicos de referencia, según ha sido avalado por organismos de regulación farmacológica como la EMA en el continente europeo y la FDA de Estados Unidos.

En este tenor, es relevante destacar que la propia FDA estima que, solo en el 2017, la introducción de biosimilares supuso un ahorro de 4,500 millones de dólares, estimando que del año 2017 al 2026 se podrían llegar a ahorrar 54,000 millones de dólares en ese país.

En nuestra región, los medicamentos biosimilares son ampliamente distribuidos en otros países de América Latina, como México, Brasil y Argentina. Estas naciones vecinas, han aprovechado la oportunidad que ofrecen los biosimilares para reducir los gastos públicos en salud, asunto que adquiere mayor relevancia en momentos de crisis económica.