Como parte del desguace a que está siendo sometido el Parque Nacional del Este en estos días previos a las elecciones, el doctor Antonio Thomén recibió una oferta apresurada de abogados anónimos que por vía de un pariente le ofrecen ochenta mil dólares por los derechos que le corresponden en un sector ubicado en la zona, denominado La Gran Chorra, que perteneció a su bisabuelo Juan Bautista Acevedo y que heredó junto a veinticinco familiares.

Los compradores, reveló el consagrado ecologista, son intermediarios entre hoteleros interesados en construir complejos en la zona que se piensa despojar al entorno, y que se quedarían con el cincuenta y cinco por ciento del monto total, calculado por ellos que hicieron también la tasación. Tenían prisa en realizar la operación y conminaron a Thomén a que ofreciera su respuesta en un plazo de veinticuatro horas pues el martes se conocerá en el Senado el proyecto de reducción del espacio que ya aprobó la Cámara de Diputados.

Esta propuesta, según contó Thomén, es una de miles que se han hecho a otros dueños que sí han vendido, por necesidad o porque consideran que sus terrenos están perdidos porque no pueden negociar con ellos ni usarlos como garantía para tomar préstamos, por ejemplo. La gran Chorra posee cuatro millones de metros cuadrados y kilómetro y medio de playa. Está en la parte oriental del Parque y de aprobarse el proyecto quedaría dentro del área que se pretende deslindar.

“Contesté a mi pariente que he pasado treinta años de mi vida defendiendo el medio ambiente y que estaría contra mis principios vender mi parte, sobre todo porque se ha decidido destruir el Parque, que tiene una importancia ecológica inconmensurable”, manifestó Thomén, quien es presidente del Instituto Dominicano de Bioconservación.

Significó que se está estrechando el círculo de la Isla, que cada vez se vuelve más pequeña. “La influencia de la corrupción está llegando a lugares insospechados e inhabitados por el ser humano. La codicia y la ambición desmedida han arropado hasta los lugares más recónditos, se está vendiendo nuestro país por batata, sin ninguna ética, sin consideración hacia los ciudadanos”, enfatizó, agregando que están en juego la naturaleza, la integridad de la República.

El doctor Antonio Thomén hizo la declaración junto al doctor Abelardo Jiménez Lambertus, presidente fundador y miembro activo del Instituto Dominicano de Bioconservación, quien abundó sobre las intenciones de los hoteleros y destacó la importancia científica, ecológica, natural del entorno que el ex Presidente Joaquín Balaguer expropió por decreto número 1311, en 1975, “y no compensó a ningún propietario”.

[b]Negocio planeado[/b]

“La labor de estos abogados anónimos es querer comprar a cada propietario legítimo que posee título para vendérselos a hoteleros y el negocio está ya planeado para el martes dar el golpe mortal a nuestra naturaleza oriental, a nuestro patrimonio natural de oriente, del Caribe, del mundo, de la humanidad”, dijo Thomén, quien conserva títulos, mapas, planos, reclamaciones judiciales producidas desde la expropiación.

Hace veinticinco años, un terrateniente le propuso comprarle su propiedad en cincuenta mil dólares y entonces también se negó a venderla, aunque hoy el familiar que le transmitió el interés de los intermediarios manifestó su disposición de vender. Otros asumen la misma posición del reputado escritor y defensor del medio ambiente.

Jiménez Lambertus explicó que según la ley dominicana, hasta que no se cobre, no se traspasa la propiedad, que “ha sido expropiada, pero no se ha ejecutado la expropiación, al expropiarse, no se puede vender, lo que tienen que hacer los dueños es cobrar la expropiación”. Agregó que cuando se produjo el decreto de la declaración formal como área protegida, el Gobierno ocupó toda esa zona e hizo los trámites de lugar para que pasaran al Estado, pero no les pagó a los propietarios “y resultó que todavía los títulos de propiedad tienen vigencia, porque el Estado no puede poner los títulos a su nombre si no se ha producido el pago de los terrenos”.

Ahora, añadió, “se pretende que la Cámara de Diputados y de Senadores disminuyan los límites del parque para que todas esas áreas queden para la venta y hay un grupo de abogados comprando a los que quedan fuera de la nueva limitación para revender a los hoteleros. Thomén es dueño de una de esas propiedades que quedó fuera, porque el recorte incluye toda la parte costera del parque. Muchos otros van a vender porque se encuentran en condiciones de extrema pobreza”, señaló.

Refirió que la empresa Bench Mark fue contratada por el Central Romana en tiempos de Álvaro Carta para realizar el proyecto en tres etapas: “la que hoy ocupa, una segunda que cruzaba el río Yuma y la tercera, que llegaba hasta Macao, pero había una condición, que no se pasaría a la segunda hasta tanto no se le pagara a los dueños, y eso Balaguer nunca lo hizo”.

Lo que está ocurriendo, relató, es que “con la excusa de la disminución del Parque, están sacando de las playas toda la parte costera, que es la de más interés para los hoteleros, y concentrando el parque en un islote interno mientras que la parte que queda fuera pierde su condición de Parque Nacional del Este y por lo tanto, podrá ser vendida. Se ve que ya está preconcebida la venta para determinados hoteleros, a muy pocos días de las elecciones, cuando debería retrasarse para verlo con tiempo y que quien quiera opinar, opine. Ese negocio tan rápido, sospechoso, tal vez está basado en la necesidad urgente de cobrar dinero”, manifestó Jiménez Lambertus.

La función de un parque nacional, afirmó, es guardar una zona lo más natural posible para el disfrute y conocimiento de ella de las futuras generaciones, “lo que significa que todos esos diputados, senadores, funcionarios y abocadores de que se produzca este despojo no se imaginan dónde esconderán las caras sus nietos y biznietos cuando los señalen a ellos como destructores de un patrimonio de la humanidad”.

El Parque Nacional del Este está enmarcado en un cuadrángulo de cuatro millones doscientos mil metros cuadrados que forman La fragata o Guaraguao, Punta Palmillas, Punta El Aljibe y Boca de Yuma, en tierra firme, y luego entran las islas Saona, Catalina y Catalinita, explicó Abelardo. Posee abundancia de cavernas y en el mar se produce el desove de varias especies de animales. Todas las playas son yacimientos arqueológicos prácticamente no estudiados. Cuenta con ecosistemas diferentes que se han mantenido evolucionando al través del tiempo y creando nuevas especies cada vez más adaptadas al área, según el antropólogo y profesor universitario.

“En las costas, que es lo que van a sacar, solamente ven el interés de las playas, de los hoteles, la producción de dinero, el empleo de las personas de esa zona, pero es que no se ha producido esa cantidad de empleos porque ha sido un descuido de parte de la Dirección Nacional de Parques su uso y mantenimiento, que no han sabido manejar correctamente”, aseguró Abelardo Jiménez. Añadió que al disminuir el área se romperá el equilibrio ecológico y el parque “irá evolucionando hacia la desaparición”.