POR LUIS M. CARDENAS
 El presidente Leonel Fernández y el vicepresidente Rafael Alburquerque analizaron ayer, con representantes del empresariado, los problemas que afectan la puesta en vigencia del Seguro Familiar de Salud (SFS), con la finalidad de erradicar los escollos que han impedido la puesta en ejecución de la ley.

El encuentro forma parte de los esfuerzos que hace el gobierno para  la realización, posiblemente en abril, de la cumbre anunciada por el presidente Fernández, donde se trazará la política definitiva para la instauración en el país del sistema.

El presidente Fernández  está escuchando los planteamientos de los tres sectores involucrados e identificando las dificultades que han impedido que la Ley 87-01, sobre Seguridad Social, se ponga en práctica.

Monseñor Agripino Núñez Collado opinó que para eso será necesario celebrar algunos talleres para no precipitar la cumbre y que se lleven cosas concretas, que sea una agenda que la compartan los tres sectores que están involucrados en la aplicación de esta legislación.

Núñez Collado, coordinador del Diálogo Nacional, al término de la reunión de más de tres horas en el Palacio Nacional, destacó que los representantes del sector sindical son los más interesados en que se ponga en vigencia el SFS.

Manifestó que está pendiente otro encuentro con los restantes sectores, el cual  se efectuará la semana entrante.

Dijo que el Presidente impartió instrucciones para que se dialogue con los sectores involucrados en el programa social, a los fines de buscar un consenso y solucionar los problemas que se han suscitado.

Entren los representantes del empresariado que estuvieron en el encuentro figuran Marisol Vincens, Elena Viyella de Paliza, Estela León, Maribel Gassó y Radhamés Martínez Aponte, este último en representación de la Confederación Patronal.

Núñez Collado manifestó que “el Presidente tiene la voluntad política de resolver el problema  y los empresarios y el sector sindical están conscientes de eso”.

Añadió que “uno de los problemas que se debaten es el caso del Instituto de Seguros Sociales (IDSS), institución que no está preparada para lo que se pensó cuando la ley se promulgó y se le dio un plazo de cinco años para convertir sus hospitales en prestadores de servicios a todos los participantes de la seguridad social”.

Manifestó que según la ley, el IDSS, para el próximo mes de mayo, debía estar ya en condiciones de no continuar con la doble afiliación, sino de manejarse por sí mismo.

Consideró que con  la reunión celebrada y la que se hará la semana que viene, se llegará a un acuerdo que haga posible que la Ley de Seguridad Social se pueda poner en ejecución.