Hoy 
POR CARMEN MATOS
Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Independiente (PRI) expresaron ayer, de forma conjunta y a través de un comunicado, su profunda preocupación ante la asignación presupuestaria que otorgó el gobierno a la Junta Central Electoral (JCE) para el año próximo.
En un documento firmado por Miguel Vargas Maldonado, Amable Aristy Castro y Trajano Santana, candidatos presidenciales del PRD, PRSC y el PRI, respectivamente, las agrupaciones políticas criticaron la partida de RD$3,547 millones asignada a la Junta Electoral, la que consideraron una burla y un irrespeto por parte del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, advirtieron que si la JCE no cuenta con recursos suficientes, que estimaron en RD$4,500 millones, se pondría en graves apuros el montaje del proceso electoral de 2008 y se produciría un retroceso en los avances alcanzados por el tribunal electoral.
A inicios de diciembre, el pleno de la entidad aprobó un Proyecto de Presupuesto para el año 2008 que ascendía a RD$7,734 millones, de los que se informó RD$3,360 millones serían destinados al montaje de las elecciones presidenciales del 16 de mayo próximo.
En la comunicación, que también firmaron los secretarios generales de los partidos blanco y rojo, Orlando Jorge Mera y Víctor Gómez Casanova respectivamente, las agrupaciones se opusieron a las asignaciones anunciadas para los ayuntamientos, la Cámara de Cuentas, la secretarías de Salud Pública, Educación, de la Mujer y de la Juventud.
Concluyeron en que las partidas anunciadas no reflejan la necesidad de esas áreas en comparación con las disponibilidades de recursos del actual gobierno.
El mensaje de tres páginas, suscrito además por el vicepresidente del PRI, Jaime Max Taveras, anuncia que las entidades políticas someterán un ante proyecto de ley en procura de la autonomía presupuestaria de la JCE, de las cámaras legislativas, así como del Poder Judicial.
Esto, añade, responde a que la JCE exhibe una desigualdad de condiciones y convierte al actual mandatario, Leonel Fernández, en juez y parte, por lo que recomendaron que la discrecionalidad con que el Presidente maneje los recursos de la junta provoca un fuerte y profundo cuestionamiento al buen desenvolvimiento del proceso democrático.
