Concluyó exitosamente,  después de más de treinta años de negociaciones fallidas entre el Estado colombiano y las FARC,  el primer punto de la agenda del nuevo acuerdo de paz que se había firmado hace nueve meses. Este nuevo intento  se conoce como Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En el proceso de paz en Colombia, por fin se percibe una tenue luz al final del túnel. Esta negociación, que se lleva a cabo en La Habana, tiene como garantes a Noruega y Cuba, y a Venezuela y Chile  como observadores. Además el apoyo de los Estados Unidos, la Comunidad Europea y de más de 80 países.

De hecho, a finales de abril de este año,  el Presidente Obama envió a Bogotá a Rajiv Shah, Administrador de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). El enviado, después de reunirse con el Presidente Santos en la Casa de Nariño,  dijo   que está “optimista con el  diálogo que se celebra en La Habana, y espera que el proceso sea muy fructífero y vamos a continuar prestando nuestro apoyo”.

Esas expresiones fueron ratificadas por el Vice Presidente Biden, cuando hace dos semanas, en su gira por Suramérica y el Caribe, conversó con el Presidente Santos sobre los progresos del proceso de paz y brindó por el éxito de las negociaciones.

El evento recibió un tremendo empujón cuando las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo del punto primario de la agenda que aborda el espinoso tema del desarrollo agrario integral, el primero  de los cinco puntos de la agenda.

El segundo es  la participación política de los insurgentes. Los otros tres puntos de la agenda son cese de las hostilidades, narcotráfico y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Este primer punto ya aprobado  es la pieza clave del acuerdo de paz, pues cubre aspectos importantes y no ha sido sencillo lograrlo, tres controversias formaban el nudo del problema: el alcance de las zonas de reservas campesinas, la denominada laboralización del trabajo campesino con salarios mínimos con seguridad social y,  la modernización del campo a partir de la eliminación de los latifundios.

El segundo tema a discutir, la participación política de los insurgentes, es un tópico fuerte y difícil, ya que  la insurgencia y el gobierno discutirán el espacio en política y las garantías que conciernen a las agrupaciones políticas que surgirán del producto de los acuerdos a los que se lleguen, de modo tal que no ocurra lo que le sucedió a la Unión Patriótica en la década del ochenta del siglo pasado, cuya mayoría de integrantes fueron exterminados por el narco-paramilitarismo.

En lo referente al cese de hostilidades, las FARC se comprometen esta vez  a la entrega de las armas, para así señalar su voluntad al reintegro o ingreso a la vida civil por efecto del marco legal acordado para la paz, proyecto el cual define la suspensión de procesos judiciales en curso y condenas a subversivos enjuiciados.

En cuanto al narcotráfico, creo que es el tópico más difícil, su solución no sólo concierne a Colombia, sino a toda la comunidad internacional, pues todos recibimos el impacto demoledor de ese crimen de lesa humanidad.

El último tópico de la agenda, el de las reparaciones a las víctimas, no sólo incluye compensación material a los afectados sino también  conocer la verdad sobre diferentes hechos que aún no están del todo dilucidados.

El primer intento de paz fracasó en el periodo de Belisario Betancur  (1982-1986 ). A pesar de que Betancur llamó al diálogo a las guerrillas de las FARC, M-19  y EPL. Si se recuerda, el acuerdo con las FARC se llamó  el acuerdo de La Uribe, que dio paso a la Unión Patriótica, el brazo político de las FARC. El acuerdo con el M-19 – Acuerdo de Corintio -. En ambos casos,  los paramilitares de la AUC boicotearon y acabaron con toda posibilidad de avanzar.

El segundo fracaso ocurrió en el gobierno de Andrés Pastrana del 1998-2002. El presidente Pastrana, que había sido secuestrado diez años antes de ser Presidente por  “los extraditables”   del Cartel de Medellín, fue luego alcalde de Bogotá y senador de la República. Ni con esas credenciales pudo Pastrana concluir satisfactoriamente el proceso de paz. Se alega que  debido a la permisibilidad concedida a las FARC   lo distanció de los militares, además, la agenda pretendida era muy extensa. Cubría doce puntos.

En realidad, las áreas territoriales concedidas a las FARC por Pastrana  fortaleció la insurgencia. De hecho, ya en el gobierno de Uribe, las FARC aprovecharon su fortalecimiento para rodear la capital del país y tratar de asaltar Bogotá. Uribe aplastó ese intento.

No obstante, respecto a los retos que tienen que enfrentar los acuerdos, existen dos condiciones políticas inmediatas que tienen al Gobierno en jaque. El primero son las elecciones del próximo año, por eso el Presidente Santos no ha anunciado su reelección hasta noviembre próximo, fecha límite para postularse, y segundo, la gran oposición a los diálogos del ex Presidente Uribe, que no pierde oportunidad  en descalificar las negociaciones.

Los expertos estiman  que tomará por lo menos dos años lograr concluir las negociaciones de paz, además, diez años adicionales para implementar las medidas acordadas. En otras palabras, nada está terminado hasta que se termine.