Llennis Jiménez 
Diputada Rosa Amalia Pilarte Lopez. Hoy/Fuente Externa
Pilarte López y Gutiérrez Díaz con expedientes, y Fernández Tavárez por caso de identidad
En diez meses de Gobierno, tres diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno se han visto en aprietos legales, al ser vinculados a casos de narcotráfico, lavados de activos y alteración de documentos de identidad.
Dos de ellos fueron sometidos a la justicia, de los que uno se encuentra en jurisdicción estadounidense. Los procesos afectan a los diputados Rosa Amalia Pilarte López, de La Vega, y a los legisladores Miguel Gutiérrez Díaz y Luis René Fernández Tavárez, éstos de Santiago. Los tres legisladores corresponden a la región Norte.
El primer caso salpicó a la diputada, a quien el Ministerio Público de La Vega investigaba a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Miky), y dos de sus hijos, Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte, desde el año pasado, por los mismo hechos que este año la alcanzaron a ella.
La semana pasada, el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa indicó que desde el pasado 11 de junio, trabaja en la investigación abierta contra la diputada Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos, mediante auto 000051, de la Procuraduría General. Los cargos son por narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales.
Se les atribuye tener cuatro empresas de carpeta como “fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico”.
Gutiérrez Díaz (Mickey). Este diputado guarda prisión en Miami desde mediados de mayo pasado, cuando fue apresado por narcotráfico cuando llegaba a esa ciudad en un vuelo comercial desde República Dominicana.
Se le investiga para que responda por cargos de narcotráfico internacional. Está bajo control de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (en inglés DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que lo interceptaron en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría dominicana.
Enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir cocaína, que era importada hacia ese país. Se le atribuye desde el año 2014 hasta 2017 de alegadamente pertenecer a una red de narcotráfico transnacional que incluía a Colombia.
