El juez Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y la Odebrecht basado en que se precisa un “requerimiento procesal. Foto: Elieser Tapia.
Acuerdan en materia penal se debe notificar
Tres diputados de diferentes partidos políticos respaldaron que el juez José Alejandro Vargas determinara que no existe archivo definitivo del expediente de Odebrecht, lo que abre la puerta para encausar a los que estaban favorecidos del proceso.
Mientras el legislador Juan Dionisio Rodríguez consideró que habrá que ver si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) procede contra los dirigentes que fueron implicados.
Los diputados Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio (FA); Rafael Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Darío Zapata, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), analizaron el fallo del juez de la Instrucción del Distrito Nacional, en la que afirma que nunca se produjeron los archivos definitivos en el caso Odebrecht, debido a que no se notificó en el plazo que estipula la ley a las partes querellantes.
El Ministerio Público calificó de nula el archivo del proceso que favoreció al exdiputado perredeísta (actual alcalde de Azua), Ruddy González; el exsenador peledeísta Julio César Valentín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; a Máximo D’Oleo; el peledeísta Radhamés Segura y Bernardo Castellanos de Moya, todos imputados de recibir soborno de la empresa brasileña Odebrecht, para alegadamente otorgar obras del Estado.
Rodríguez dijo que cuando una de las partes del proceso no es notificada el derecho queda muerto, “porque el derecho penal es de confrontación, en el que los cargos los tienen que conocer tanto el imputado como la víctima del Ministerio Público”.
Dijo que se evidencia que se trató de un archivo secretaro, por lo que cree que a quien hay que someter a la justicia por prevaricación es al procurador general de la República de entonces o a los procuradores que hicieron el archivo secreto.
Estima que se abrirá un nuevo proceso para los excluidos de la fase desarrollada y adelantó que habrá que ver si el PRM presentará acusación contra los imputados, lo mismo que el PRD para los de esa organización.
Crespo opinó que el Ministerio Público tiene la facultad de desarchivar el expediente y entrar a los que fueron beneficiados, de existir las pruebas.
Zapata cree que el momento es oportuno para que el culpable, pague y el inocente salga del proceso. Llama a respetar la decisión del magistrado Vargas.