Los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como la ciudad de Nueva York, demandaron el martes al gobierno de Donald Trump por una nueva norma que prohíbe otorgar la residencia permanente a inmigrantes que utilizan servicios de asistencia pública, como el programa de asistencia médica para los pobres o discapacitados Medicaid, los cupones de alimentos y subsidios de vivienda.
Los estados y el municipio se sumaron a una lista creciente de entidades que han impugnado el cambio, una de las medidas más duras del gobierno republicano para restringir la inmigración legal.
La procuradora general de Nueva York, Letitia James, que es demócrata, dijo que la norma va en contra de los valores estadounidenses y un siglo de jurisprudencia.
“Generaciones de ciudadanos llegaron a la costa de la isla de Ellis sin nada más que un sueño bajo el brazo“, dijo James en un comunicado al anunciar la querella. “Los esfuerzos apenas velados del gobierno de Trump para que a Estados Unidos sólo ingresen quienes cumplan con sus restrictivos requisitos étnicos, raciales y económicos son una violación clara de nuestras leyes y valores“, agregó. Otros 15 estados, entre ellos California, Pensilvania y Washington, han demandado al gobierno por la misma norma. La nueva regla, que se prevé entre en vigencia en octubre, ampliaría una gama de programas sociales que pueden descalificar a los inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos si se les considera una carga pública. Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicio de Inmigración y Ciudadanía, dijo que el cambio aseguraría que los inmigrantes que vienen al país no se conviertan en una carga públicas.