JOSÉ MIGUEL MORILLO TEJADA
El ascenso a Teniente General del licenciado Bernardo Santana Páez y la confirmación en el cargo como jefe de la Policía Nacional, se ha convertido en la noticia más relevante dentro de la celebración del 163 aniversario de la Independencia de la República.

Haciendo gala de los ideales de libertad que dieron origen a las acciones de aquel glorioso 27 de febrero, el pueblo dominicano nuevamente tuvo la oportunidad de escuchar la rendición de cuentas del Presidente de la República ante la Asamblea Nacional, y percatarse de los nombramientos y cambios en la administración pública que el Ejecutivo tradicionalmente realiza para la ocasión, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes.

Resulta penoso que cada vez que surge una decisión que involucre militares y policías, una parte de la opinión pública no hace buen uso de esa libertad cuando utilizan argumentos infantiles, desafasados y hasta especulativos que manifiestan lo que otrora era un aspecto de nuestra cultura, sin darse cuenta que en los momentos actuales reflejan una injustificada animadversíon contra los institutos castrenses, incluyendo la Policía Nacional.

De hecho, en la historia política de los pueblos latinoamericanos es muy fácil encontrar el origen de esa aberración en los diferentes ensayos democráticos, abruptamente interrumpidos tras golpes de Estado propiciados por militares y civiles generalmente inmorales y corruptos que consolidaron el poder utilizando métodos represivos, logrando perpetuar a esos gobiernos de facto con el apadrinamiento de naciones involucradas en la guerra fría, dejando un enorme saldo de víctimas inocentes vilmente asesinados bajo cargos de «enemigos del gobierno», «traidores a la patria», «comunistas» o simplemente los desaparecían por no adaptarse a los regímenes caracterizados por la supresión de las libertades ciudadanas y sobre todo de la expresión del pensamiento. En el caso particular de la República Dominicana, ese odio hacia los militares y policías aumentaba progresivamente tras el golpe de Estado del año 1963, incrementándose igualmente las luchas internas entre grupos militares que se creían amos y señores del país, protegiendo a sus miembros cuando cometían crímenes y delitos, tal como sucedió con el asesinato del mayor policial José Rodolfo Urrutia Portes, que apresado su matador, el primer teniente piloto Antonio Arroyo Rosario, la Fuerza Aérea intentó liberarlo violentamente para evitar que fuera sometido a la acción de la Justicia, provocando que el jefe policial de entonces se viera en la obligación de emplazar armas automáticas de alto calibre en el techo del palacio policial para defender la institución en caso de una confrontación militar.

Durante los doce años siguientes a la revolución de abril, los militares y policías sufrieron toda clase de humillaciones por parte del poder político. Los jefes militares eran designados por su lealtad al Presidente de turno siempre y cuando fueran enemigos entre sí. La Policía debió soportar que los jefes designados fueran miembros de las Fuerzas Armadas, junto a la creación de un generalato que por dedicados a las actividades proselitistas no importaba que en su mayoría fueran analfabetos, opacando aquellos miembros de la Policía que con sobrada capacidad eran abusivamente degradados al rango de coronel, bajo la excusa que ostentaban el rango de general transitorio mientras desempeñaban una función determinada, distinción que no existía en la Ley Institucional. Eso le sucedió a muchos oficiales.

En los momentos actuales estos eventos históricos hay que verlos como parte del pasado. Lo he podido comprobar cuando visito el Instituto de Generales retirados de la Policía Nacional y veo a sus integrantes reunidos en franca cofradía, satisfechos de haber dirimido toda clase de agravios y diferencias personales, convertidos en colaboradores de los jefes policiales de hoy y a quienes les corresponde el mérito de haber participado en la redacción y corrección de la actual Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, publicada en la Gaceta Oficial No. 10258.

En el nuevo ordenamiento jurídico de la República Dominicana, el éxito depende de la integración de todos los sectores de la vida nacional. Estamos en el deber de reconocer que los policías también tienen derechos garantizados por la Constitución de la República, especialmente donde señala que el dominicano puede ejercer un trabajo de su elección, siendo la razón por la que al día de hoy existen tantos alistados, clases, oficiales subalternos, superiores y generales activos que nada tienen que ver con el pasado.

El ascenso y la confirmación en la jefatura policial del licenciado Bernardo Santana Páez ciertamente es un premio al deber cumplido, pues la rápida respuesta en los casos de secuestros, homicidios, atracos, violaciones y la profilaxis aplicada a los miembros de la institución que cometen actos delictivos, son razones suficientes para merecer la distinción de continuar dirigiendo la Policía Nacional.

Se trata de un paso de avance dentro del proceso evolutivo y profesionalización del brazo armado de la ley, en que ahora se encuentran perfectamente integradas todas las agencias de seguridad ciudadana del país.

De igual manera, así como aplaudimos a Félix Sánchez, Joan Guzmán, Marcos Díaz, Sammy Sosa y Pedro Martínez, entre otros atletas, por destacarse en el deporte, y siendo la primera vez en la historia que tras estrellas caen sobre las charreteras de un policía, sería un acto de justicia si repiten conmigo simplemente: ¡General, muchas felicidades!