Montevideo, (EFE).- Uruguay extraditó hoy a Chile a tres militares uruguayos acusados en aquel país de participar en el secuestro y asesinato del químico y agente secreto chileno Eugenio Berríos, informaron fuentes oficiales.

El coronel retirado Tomás Casella, el coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, estos dos últimos en actividad, fueron trasladados a Santiago de Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Junto a los extraditados viajaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, el general Luis Pérez y miembros de la oficina local de Interpol (policía internacional).

El general Pérez es un representante designado por el comandante en jefe del Ejército uruguayo para definir, entre otros asuntos, las condiciones de alojamiento de los extraditados y el tema de la defensa en Santiago.

Fuentes militares señalaron el Ejercito uruguayo se hará cargo de los costes de la defensa de los tres extraditados, según dispuso el comandante en jefe, teniente general Carlos Díaz.

 Semanas atrás un alto militar uruguayo viajó a Chile por orden de Díaz para realizar gestiones por la posible defensa de Casella, Sarli y Radaelli, y sobre sus lugares de detención en Santiago.

 Los tres oficiales fueron enjuiciados en ausencia por el juez Alejandro Madrid por los delitos de «asociación ilícita» y «secuestro».

El Gobierno uruguayo había fijado el día 21 para el traslado de los militares, pero posteriormente decidió adelantarlo para hoy.

Pocas horas antes del traslado, la defensa presentó un recurso de «habeas corpus» ante la Justicia uruguaya, pero el mismo no tiene carácter suspensorio.

De acuerdo al tratado de extradición vigente entre ambos países, el presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, pudo haber denegado la extradición, pero decidió cumplir con la disposición de la Suprema Corte de Justicia.

Las organizaciones de retirados militares, con el apoyo de algún político, solicitaron sin éxito al jefe de Estado que denegara las extradiciones.

El diputado Daniel García Pintos, del opositor Partido Colorado, convocó para los próximos días al Parlamento a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, para que explique lo ocurrido.

La concesión de las extradiciones generó discrepancias incluso en la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, y el senador Eleutelio Fernández Huidobro, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, se opuso con vehemencia a la decisión judicial.

Berríos fue sacado de Chile en 1991 por militares de ese país para evitar que prestara declaración ante la Justicia, que investigaba asesinatos durante la dictadura, y permaneció oculto en Uruguay hasta 1992, protegido clandestinamente por oficiales chilenos y uruguayos.

En un confuso hecho, el químico y agente secreto se presentó en noviembre de 1992 en una comisaría para denunciar su secuestro y que querían asesinarlo, pero poco después aceptó retirarse junto a militares chilenos y uruguayos.

El cuerpo de Berríos fue hallado en abril de 1995 en una playa del Río de la Plata, a 30 kilómetros al oeste de Montevideo maniatado y con un disparo en la cabeza.

Casella, Sarli, Radaelli y otros militares uruguayos fueron investigados en relación a este caso por la Justicia uruguaya durante varios años, pero el expediente fue archivado en dos ocasiones sin que se encontrara méritos para procesar y encarcelar a nadie. EFE