BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
La lucha por la transparencia, contra la corrupción y a favor de la correcta aplicación legal y humana de los fondos públicos, demanda una Contraloría General de la Nación autónoma.

Desde siempre el Presidente de la República designa al Contralor, ello constituye una jugada “inteligente”, un amarrar los perros con longaniza, para que el olor los vuelva locos y se coman el embutido.

Los presidentes se han caracterizado por tapar, ocultar, soslayar la persecución judicial contra otros de sus funcionarios, cuando usan ilegal, indebida y deshonestamente, fondos del erario.

La concentración de poder y la centralización son buena semilla para la corrupción.

La autonomía de la Contraloría debe comenzar por la selección de su titular, quien debe ser el principal ejecutivo de una comisión que incluya al Secretario de Finanzas, al Procurador General de la República, un representante de la Unión de Universidades, un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados, un representante de la iglesia católica y otro de las iglesias cristianas.

Las únicas condiciones para ser titular de la Contraloría, seleccionado por parte del Congreso Nacional, es que se trate de un ciudadano dominicano, mayor de edad.

Durará 10 años en sus funciones. La ley determinará las razones que permitan su remoción antes de los 10 años.

Si la Contraloría fuera independiente, con poder y autonomía, podría determinar:

-Si la aplicación de la Ley de Gastos Públicos se ejecuta como la misma establece y manda; -En cuál de los capítulos de la Ley de Gastos Públicos está consignada la partida que erogó la Secretaría de Industria y Comercio para la compra de nadie sabe cuántas bombillas de bajo consumo y alto rendimiento, qué empresa y por qué oferta ganó el concurso de venta y si hubo concurso; -Cómo y cuál ha sido el resultado de la distribución de una tarjeta para alimentos; si la misma ha sido entregada sin banderías políticas; si la cantidad de tarjetas entregadas corresponde a la inversión económica y si los dueños de colmados designados para aceptar el negocio de las tarjetas no fueron escogidos por su militancia política; -En cuál de los capítulos de la Ley de Gastos Públicos está consignada la partida de dinero que piensa invertir el Secretario de Salud Pública en la compra de cascos para motociclistas, los cuales serían regalados o vendidos a bajos precios.

Existan o no las partidas en la Ley de Gastos Públicos hay que determinar cuál es el papel de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) que fue la entidad encargada de comprar y distribuir las bombillas.

Ahora el nuevo invento: el Secretario de Salud Pública se meterá a repartir cascos para motociclistas es bueno preguntarle: ¿a quién o quiénes les entregará los cascos? en un país donde la autoridad tiene la fuerza de cara de reconocer que no hay registros para las motocicletas.

Todo el mundo sospecha que motocicleta que llega al patio de la Policía es un premio para quien da más dinero por ella o es más amigo del comandante, pero difícilmente vuelva a su dueño.

Además, es imposible determinar el dueño, las motos no tienen placas y nadie sabe si ingresaron por la Aduana o fueron construidas aquí.

Auditar esas tres acciones del Gobierno, por parte de una investigación imparcial, puede arrojar resultados interesantes: buenos si se manejan los programas de manera pulcra, de lo contrario, trabajo para el Departamento de Lucha Contra la Corrupción, en los próximos 10 años.

Sólo son tres palabras: bombillas, tarjetas y cascos. ¡Pero cuánto dinero significan!

Dado que los tres mosqueteros eran cuatro, estas palabras se convierten en cinco e incluyen que se aclaren el Peme y el Renove.