Desmontar el déficit cuasi fiscal del BC, revisar los incentivos fiscales y reformar el sector eléctrico son clave en reforma fiscal

Para que la reforma fiscal dé sostenibilidad a las finanzas públicas hay tres caminos cuyo recorrido no debe ser obviado al calor de la discusión y que han sido puestos sobre la mesa en un escrito para el portal del FMI elaborado por Emilio Fernández-Corugedo, Pamela Madrid y Frank fuentes y que acaba de ser publicado en los principales diarios del país: revisión de incentivos fiscales, recapitalización del Banco Central y reforma del sector eléctrico.

O sea, de lo que se trata no es sólo enfocarnos en si cambiamos o no impuestos para ganar dos o tres puntos porcentuales en la presión tributaria, sino también de cerrar de manera hermética los agujeros que generan insostenibilidad fiscal.

En cuanto a los incentivos fiscales, las cifras revelan que el gasto tributario que generan constituye una carga enorme para las finanzas públicas: cerca del 5% del PIB y absorben el 30% de los ingresos tributarios, mayor al promedio de la región, que es de alrededor del 15%.

Las finanzas públicas han soportado esta carga por décadas sin que hasta ahora se haya hecho una profunda evaluación de esos incentivos para determinar si el resultado neto de sus externalidades es positivo o si los instrumentos para concederlos han generado distorsiones y fuga de recursos para el Estado, lo que aconsejaría migrar a otros instrumentos.

Es el momento de hacer esa evaluación y revisión.

En lo que respecta a la recapitalización del Banco Central, los autores del artículo advierten que sigue siendo un paso fundamental para garantizar la autonomía financiera y revelan que “el FMI ha proporcionado asistencia técnica para el diseño de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que está pendiente de aprobación por la Cámara de los Diputados, y ha apoyado los esfuerzos de las autoridades nacionales en la redacción de una nueva Ley de Recapitalización del Banco Central”, tras haber sido incumplida Ley No. 16707, que tenía como propósito su recapitalización en diez años.

Se trata de dos leyes importantes para iniciar un desmonte gradual de la deuda cuasi-fiscal, que alcanza un nivel equivalente al presupuesto general del Estado. El incumplimiento de esas leyes debería generar consecuencias para quienes las incumplan.

Y en cuanto a la reforma del sector eléctrico, las cifras aportadas en al artículo comentado hablan por sí solas: las ineficiencias de este sector han provocado pérdidas equivalentes a entre el 1% y 2% del PIB anual en la última década.

Los articulistas estiman que si esas pérdidas se reducen a la mitad (hasta un nivel comprable al de las economías avanzadas) podrían incrementar el nivel del PIB en 0,3% en diez años.

Son tres caminos cuyo recorrido es obligatorio para que no nos perdamos en la búsqueda de finanzas públicas sostenibles.