El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación reasignar la construcción de escuelas en distintos puntos del país a 17 ingenieros y arquitectos que ganaron la licitación, pero que luego fueron “descalificados” por alegadamente violar la Ley de la Función Pública.

Los jueces Diómedes Villalona, Patricia Padilla y Judhit Contreras Esmurdoc acogieron el recurso de amparo  y dejaron sin efecto las descalificaciones, porque supuestamente eran empleados de Obras Públicas y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Los jueces dicen que los ingenieros y arquitectos fueron víctimas de  “discriminación sin fundamentos”.