Hoy 
POR RADHAMES GONZALEZ
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conocerá mañana el proceso seguido a ex funcionarios de la pasada administración gubernamental; empresarios, dirigentes sindicales y otras personas acusadas de estafa contra el Estado en el presunto robo de RD$1,850 millones del Plan Renove.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) había dispuesto hace varias semanas que los acusados de una estafa de casi dos mil millones de pesos contra el Estado a través del Plan Renove, sean procesados de nuevo por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Con esta decisión quedan sin efecto las penas de 4 y 10 años de prisión confirmadas el 15 de septiembre de 2006, por la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo a Antonio Marte, Blas Peralta, Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz, Milciades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Francisco Pérez, Antonio Reynoso, Freddy William Méndez y Alfredo Pulinario Linares.
Este dictamen hace que el proceso vuelva a ser iniciado desde cero. La primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está ubicada en el antiguo edificio de la Procuraduría General de la República.
La decisión fue tomada en la ocasión con el voto disidente de los magistrados Hugo Alvarez Valencia, Dulce María Rodríguez, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella.
Al dejar sin efecto la sentencia impugnada, el máximo tribunal de justicia consideró que «en la especie la corte en sus motivaciones, sólo se limitó a establecer que las pruebas fueron debidamente valoradas por la juez de primer grado, procediendo a confirmar la sentencia en cuanto a la declaratoria de culpabilidad de los imputados por los cargos de prevaricación y desfalco y modificándola en cuanto al delito de estafa, declarándolos culpables del mismo, sin proporcionar ni dar las razones de su convencimiento, lo que hace imposible que las cámaras reunidas tengan a su disposición los elementos necesarios para efectuar el control del que está facultado».
El dictamen del más alto tribunal de justicia del país agrega que las sentencias de apelación «deben obedecer a las mismas reglas que disciplinan las sentencias de primera instancia y aunque el razonamiento del juez de segundo grado desemboque en la misma conclusión que el de primera instancia, se hace imprescindible que cada uno recorra su propio camino lógico de razonamiento «y en consecuencia, proceda casar la sentencia impugnada».
En tanto, los jueces cuyos votos fueron disidentes, entienden que la sentencia, dictada el 15 de septiembre 2006, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo fue «justa y correcta, toda vez que se pudo establecer que algunos de los imputados incurrieron en desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado, ya que emplearon manejos fraudulentos para dar por cierta la existencia de empresas falsas».
