Brasil- Los tres jueces de un tribunal de apelación confirmaron hoy la condena por corrupción al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aumentaron la sentencia inicial a 12 años y un mes de cárcel, complicando sus aspiraciones presidenciales.

Lula, que aún dispone recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de nueve años y medio de cárcel.

El fallo puede haber sido un torpedo a la línea de flotación de la posible candidatura del exmandatario, que lidera todos los sondeos para las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo.

Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) ha repetido una y otra vez que su «único” candidato es Lula, la ley electoral brasileña dice que una persona con una condena ratificada en segunda instancia por un tribunal colegiado, como es el caso, no puede postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de ocho años.

Más allá de eso, pesa el riesgo de que la Justicia decida que la condena se ejecute una vez agotadas las apelaciones en segunda instancia y el exmandatario acabe en prisión, una posibilidad remota, pues todavía tendría derecho a algún recurso en tribunales superiores.

En caso de que Lula responda en libertad mientras apela y que el PT porfíe e inscriba su candidatura, el asunto será analizado por el Tribunal Superior Electoral, en el que muchos analistas, tanto políticos como jurídicos, prevén que sería impugnado. Pero el tribunal electoral sólo podrá pronunciarse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas, y hasta ese momento Lula podría incluso volcarse a una campaña electoral aún sabiendo del alto riesgo de que sea frustrada.

En el PT ya se ha acuñado la frase “elección sin Lula es fraude”, lo que estarían dispuestos a defender los grupos que hoy dirigen esa formación, que hasta ahora están decididos a llevar la candidatura del exmandatario hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, otras facciones dentro del PT sostienen que el partido deberá evaluar otras posibilidades y construir una sólida alianza con el resto de la centroizquierda y parte de la izquierda para intentar volver al poder y cerrarle el paso a las fuerzas más conservadoras.

Fuentes de esas corrientes internas dijeron a Efe que se baraja la posibilidad de “preparar desde ahora” una fórmula alternativa para el caso de una impugnación y que incluso pudiera ser encabezada por algún político ajeno al PT, que gobernó entre 2011 y 2016, con Lula primero y la destituida Dilma Rousseff después.

Entre las posibilidades, aparece una posible candidatura de Ciro Gomes, que fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Itamar Franco (1992-1995) y ocupó la cartera de Integración Nacional en el primer mandato de Lula. Gomes pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT), una de las fuerzas de centroizquierda que se han cuadrado en la defensa de Lula, y fue candidato presidencial en 2002, cuando quedó en cuarto lugar con unos 10 millones de votos que representaron casi un 12 %.

De hecho, Gomes ya ha anunciado su intención de postular a la Presidencia “con o sin Lula” en la campaña y se ha ofrecido como una alternativa para “unificar” al centroizquierda en caso de que el antiguo sindicalista no pueda ser candidato. La propuesta de esos sectores más resignados a la inhabilitación de Lula sería que Fernando Haddad, un emergente líder del PT que ya fue alcalde de Sao Paulo y ministro de Educación, integre la fórmula de Gomes como candidato a vicepresidente.

Haddad es uno de los dirigentes del PT más cercano a Lula e integra un informal comité de campaña del exmandatario, quien le ha encomendado la coordinación del programa que presentaría para un eventual Gobierno.

En esa discusión interna, que se realiza a puertas cerradas y en voz baja, hay otros sectores que defienden una “salida por la izquierda” más radical y proponen la candidatura del activista Guilherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), el colectivo social más combativo del país.

Pero cualquier movimiento deberá contar con el aval de Lula, el único “dueño” de los votos del PT, al que controló con mano de hierro y en el que desde su fundación, en 1980, no se ha dado un paso sin su consentimiento.