Con la escucha ayer de Tommy Galán y Roberto Rodríguez, el Primer Tribunal colegiado del Distrito Nacional dio por concluida la etapa de presentación de defensa de los imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht, y fijó para el 3 de diciembre el inicio de la presentación de las pruebas testimoniales y documentales del Ministerio Público contra los encartados.

Para eso, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, solicitó al tribunal un traductor portugués-español, ya que la mayoría de los testigos a cargo son brasileños.

Durante su exposición, el exsenador peledeísta Galán sostuvo que todos los ilícitos que le atribuyen en el expediente de Odebrecht son una inventiva “que terminará siendo cuerpo del delito” contra el exprocurador general Jean Rodríguez, por prevaricación y falsedad.

Dijo que para imputarle enriquecimiento ilícito el Ministerio Público utilizó tasaciones de valores actuales de inmuebles de su propiedad que había adquirido muchos años atrás, cuando lo correcto era hacer una tasación retrospectiva para determinar cuánto valían cuando él las adquirió.

Citó de ejemplo una casa que declaró en 2010 con valor de RD$10 millones, y el MP dice que la compró en RD$44 millones.

“Para ellos no existe la plusvalía o ganancia de capital; ellos dicen que eso es dinero ocultado. El perito que hizo esa tasación debería estar preso”, dijo.

En cuanto al lavado de activos, Galán dijo que esa acusación no estaba original sino que se añadió.

Explicó que para eso el MP usó una certificación de Registro Mercantil de una empresa propiedad de su hermano en la que él duró solo seis meses, según consta en el mismo registro.

“Yo tuve que reclamar e implorar al Ministerio Público para que citaran a mi hermano para que le explicara, pero nunca lo citaron; no hubo interés en verificar que aparecieron 181 millones (de pesos) en esa cuenta. Ellos lo plantean sobre una acusación descriptiva, le llaman testaferro, que se enriqueció igual que yo, dicen ellos ahí”, subrayó Galán.

Afirmó que esos recursos tienen un destino claro, ya que su hermano además de ser contratista del Estado, ha venido construyendo proyectos de apartamentos Galco 1, 2, 3, … desde el año 1996. “Magistradas, todo lo que yo estoy diciendo aquí lo tengo con pruebas”.

Deploró que el Ministerio Público haya querido poner el escenario del Congreso como el promotor y el propulsor de los sobornos que admitió pagar la empresa Odebrecht, como si fuera un «sambá».

Dijo que si lo acusan de soborno por sus funciones como presidente de la comisión de Hacienda del Senado, en el expediente debería haber 160 legisladores, porque las acciones son colectivas, ya que se aprueban en el pleno del hemiciclo.

“El MP ha utilizado una casualidad para establecer una prueba, al punto de que en 14 años, lo que le llamó la atención como una prueba fue que yo aumenté mi patrimonio en el 2010, y de ahí han construido una historia que es la que me lleva al punto original de esta acusación, que es el soborno de Odebrecth”, puntualizó, no sin antes manifestar su confianza en el tribunal.

Lo mejor para Inapa. Rodríguez, de su lado, afirmó que fue el único funcionario que le ahorró tiempo y dinero al Estado de la única obra que contrató con Odebrecht: el acueducto de la Línea Noroeste.

“La realidad sobre la construcción del acueducto de la Línea Noroeste es totalmente opuesta a la tesis del enriquecimiento ilícito que me atribuye el Ministerio Público por la contratación de esa obra para la cual hubo una licitación pública en la que participaron cinco empresas”, dijo.

Afirmó que un cheque de RD$1,070,000.00 facilitados por Ángel Rondón a su exasistente Esther Jiménez el MP dice que ese dinero es de él, lo cual considera como “una de las mayores estupideces que ha escuchado” porque tenía cinco años que había salido del cargo.