POR TANIA HIDALGO
La jueza de la Quinta Sala Penal del Distrito Nacional, Esther Agelán Casasnovas, condenó anoche a 10 de los 14 imputados en el expediente del Plan Renove, entre ellos, a Fabio Ruiz y Pedro Franco Badía, mientras que declaró no culpables a otros cuatro.  Las penas más altas recayeron sobre el ex tesorero del Plan Renove, Fabio Ruiz Rosado, condenado a cumplir cuatro años de reclusión y el pago a favor del Estado de diez millones de pesos; el ex director del Plan Renove, Pedro Franco Badía, fue condenado a tres años de reclusión domiciliaria.

También lo condenó al pago de 15 millones de pesos. Milcíades Amaro Guzmán fue condenado a cumplir una reclusión de tres años en Najayo y a pagar cinco millones de pesos. El sindicalista Casimiro Antonio Marte Familia fue condenado a tres años de prisión en la cárcel de Najayo y al pago de 8 millones de pesos de multa.

Asimismo, la jueza impuso una pena de dos años de prisión en la cárcel de Najayo y el pago de tres millones de pesos al sindicalista Gervasio de la Rosa, mientras que Blas Peralta deberá cumplir una pena de seis meses de prisión correccional en Najayo y pagar dos millones de pesos de multa.

Paulino Antonio Reynoso (Padre Toño), fue condenado en calidad de cómplice a cumplir prisión de dos meses en la cárcel de Najayo.

En tanto, Alfredo Pulinario Linares (Cambita) y Freddy William Méndez fueron condenados a seis meses de prisión correccional en su domicilio, tomando en cuenta la edad y circunstancias atenuantes, así como al pago de un millón de pesos.

Francisco Antonio Pérez también fue condenado a prisión por seis meses en su residencia y deberá pagar a favor del Estado dos millones de pesos.

NO CULPABLES

La jueza declaró no culpables al ex secretario de las Fuerzas Armadas y ex director del Plan Renove, vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes; al ex secretario administrativo de la Presidencia y ex director del Renove, Siguió Ng de la Rosa, al empresario Juan Julio -Johnny- Morales Rosa y al ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Diógenes de la Cruz Castillo.

De igual manera, la jueza ordenó el cese de las medidas de coerción impuestas en contra de estas cuatro personas por el entonces juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez. El grupo fue acusado de un desfalco al Estado por más de 1,800 millones de pesos.

APELARÁN SENTENCIA

De inmediato, los abogados de Franco Badía, encabezado por Carlos Balcácer, manifestaron su desacuerdo con la decisión y expresaron que la misma sería apelada en las próximas horas.

En el tribunal estuvieron presentes altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tales como Orlando Jorge Mera, Eligio Jáquez, Peggy Cabral, Robert Polanco Hernani Salazar y Dagoberto Rodríguez Adames.

El Ministerio Público explicó que la sentencia no podrá ser ejecutada hasta que se conozca el recurso de apelación, en caso de que algunas de las parte recurran, en virtud del Código Procesal Penal, según el cual las partes tienen un plazo de 20 días para recurrir por tratarse de un caso complejo.

La esposa de Fabio Ruiz, Milagros Sanz, al concluir la lectura de la sentencia, vociferó una serie de improperios al subdirector del Departamento de Prevención de la Corrupción, Hotoniel Bonilla y al presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) Juan Hubieres.

«Eso no es justicia Juan Hubieres, tú también…, tú también debiste ser condenado, eso no es justicia», dijo en medio de una ataque de histeria la dama que tuvo que ser sostenida por varias personas para evitar un  impasse  mayor.

Pese a que la lectura de la sentencia estaba pautada en principio para las 2:00 de la tarde, posteriormente fue pospuesta para las 4:00, pero no fue hasta las 5:20 minutos cuando la jueza se presentó a la sala de audiencias  y ordenó a la secretaria darle lectura, no sin antes disponer un receso de cinco minutos, debido a que el Ministerio Público no estaba presente en el tribunal. La lectura concluyó a las 8:00 de la noche.

NO A LA INCAUTACIÓN VEHÍCULOS

En la sentencia número 159-2005, la jueza rechazó además una solicitud hecha por el Ministerio Público en el sentido de que se ordene la incautación de un sinnúmero de unidades asignadas a los sindicalistas del transporte, por considerarla improcedente, mal fundada y carente de base legal. De su lado, el doctor Carlos Olivares, en representación de Siguió Ng, saludó la sentencia.

SEGURIDAD

Desde tempranas horas de la tarde, en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se instaló un amplio dispositivo de seguridad que incluyó equipos especializados de la Policía. El acceso al área fue restringido, a fin de evitar que se produjeran desórdenes.

PLAN RENOVE

El proceso por el Plan Renove comenzó el día 18 de noviembre del pasado año cuando el Procurador General Francisco Domínguez Brito realizó una rueda de prensa y dio a conocer al país el inicio de los apresamientos de 18 ex funcionarios y sindicalistas acusados de estafar al Estado a través del Renove. El viernes 19 de noviembre del 2004, el juez del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez, dispuso la libertad de todos los acusados, durante el conocimiento de medidas de coerción, a algunos mediante el pago de una garantía económica.

Contra el empresario Johnny Morales el magistrado ordenó arresto domiciliario durante tres meses, aunque posteriormente una la Corte de Apelación lo dejó sin efecto. En el expediente figuraba además Angel Rondón, quien fue favorecido con un auto de no ha lugar por el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, disponiendo el envío de los otros imputados por ante un juicio de fondo.

El gran ausente de todo este proceso lo fue el empresario estadounidense de origen israelí Sam Goodson, quien fue declarado en rebeldía, al no presentarse al juicio de fondo, luego fugarse del país cuando escuchó que le impusieron una fianza de 50 millones de pesos, le colocaron impedimento de salida y lo enviaron a juicio de fondo.

El grupo fue acusado de violar los artículos 169, 170, 171, 172, 177, 178, 265, 266 y 405 del Código Penal, y 102 de la Constitución, que tipifican los crímenes de desfalco, estafa, falsedad en escritura pública y privada y prevaricación.