Tribunal condena a dos altos ejecutivos del Banco Mercantil

<P>Tribunal condena a dos altos ejecutivos del Banco Mercantil</P>

Los banqueros Andrés Alejandro Aybar Báez, ex presidente del Banco Mercantil, y Evelyn Pérez Montandón, ex vicepresidenta de Administración y Finanzas, fueron condenados ayer a cinco y tres años de prisión por  el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los dos fueron encontrados culpables de   alterar y ocultar datos, antecedentes, libros y otros documentos con la finalidad de desviar la fiscalización que correspondía efectuar a la Superintendencia de Bancos, y de aprobar y presentar un estado financiero adulterado,  con la finalidad de encubrir la situación del Mercantil. El tribunal descargó a los otros cinco imputados,  porque no fue posible probar las acusaciones en su contra.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a cinco años de prisión al ex presidente  del Banco Mercantil, Andrés Alejandro Aybar Báez, y a tres años  a Evelyn Pérez Montandón, ex vicepresidenta de Administración y Finanzas.

Los otros cinco imputados fueron descargados  por no haber sido probada la acusación formulada en su contra.

El tribunal presidido por la magistrada  Giselle Méndez e integrado por Felipe Molina Abreu y Tania Yunes Sánchez  dispuso, además, que los condenados paguen una multa de un millón y 500 mil pesos, cada uno, así como una indemnización solidaria a favor de la Superintendencia de Bancos ascendente  a RD$20 millones, como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados.

 Aybar Báez  y Pérez Montandón  fueron encontrados culpables de   alterar y ocultar datos, antecedentes, libros y otros documentos con la finalidad de desviar la fiscalización que correspondía efectuar a la Superintendencia de Bancos, así como de aprobar y presentar un estado financiero adulterado,  con la finalidad de encubrir la situación del Mercantil.

Absolución.  De igual manera, en el dispositivo de  la sentencia número 101-2009,  los magistrados ordenaron  la absolución, al no haber sido probada la acusación, de favor de Juan Rafael Oller Santoni, Juan Rafael Enrique Reyes Maríñez, Rafael Maximiliano Moya Hernández, Rafael José Faxas Flores y Ramón Aref Henríquez Risk, imputados de violación a las disposiciones de los artículos 147, 148, 405 y 408 del Código Penal y el artículo 80 de la  ley 183-02.

En ese sentido, los jueces dispusieron el cese de las medidas de coerción que se les había impuesto a los cinco.

 La  magistrada Giselle  Méndez, previo al inicio de la lectura del dispositivo, dijo que el descargo a favor de los cinco imputados se debe a que algunos no trabajaban en el banco al momento de cometerse el fraude, mientras que  otros eran empleados de segundo nivel que sólo recibían órdenes.

De inmediato, los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera informaron que recurrirán  en apelación. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 8 de junio.

Al escuchar la decisión, los descargados se mostraron  emocionados y contentos. De su lado, Aybar Báez rehusó ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes en la sala de audiencias, ubicada en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva   y sólo se limitó a decir que esperará la lectura   de la sentencia completa para   emitir una opinión.

 Con relación al caso fue sometido  también a la justicia  Eduardo de Castro, pasado presidente del Consejo Directivo del  Mercantil, quien  será juzgado con posterioridad, pues en cuanto a éste, el juicio fue desglosado, por presuntos impedimentos de salud que le afectaron en el curso del proceso.

Antecedentes

Sometimiento

2003

El grupo fue sometido a la justicia por un fraude detectado en el Banco Mercantil  en el año  2003, superior a  los RD$6 mil millones.

Suprema

Septiembre  2008

El pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca el proceso, tras decidir un conflicto de jurisdicción surgido por el apoderamiento del caso a dos tribunales.

Autoridad Monetaria

Abril 2009

Los abogados de la Autoridad Monetaria pidieron penas  entre 10 y un año de prisión.

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