Tribunal condena  tres  a 30 y 20 años  por  venta de drogas

PUERTO PLATA.   Tras una deliberación de más de seis horas, el Tribunal Colegiado del  Distrito Judicial  impuso anoche sentencias de 30 y 20 años de prisión a un empresario,  una abogada y  un oficial  de la Policía, acusados de promover la venta y distribución de drogas en la costa Norte. Los sentenciados fueron Franklin Hidalgo Batista, Ursulina Díaz y el ex mayor de la Policía  Freddy Altagracia Guillén.

La pena mayor recayó sobre Hidalgo Batista,  condenado  a 30 años de prisión.   Díaz y Guillén,  fueron sentenciados a 20 años. Todos   deberán cumplir la condena  en el Centro de Rehabilitación y Corrección “San Felipe” de Puerto Plata.

El Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Elvis García, Víctor Manuel Mejía y Juan Carlos Hernández Castro, quienes solicitaron 30 años de reclusión para Hidalgo Batista y Ursulina Díaz y 20 para el ex oficial.

El Tribunal  integrado por los magistrados Nazis Pelegrín, Germán Martínez y Jakaira Veras García, acogió como medio de pruebas las intervenciones telefónicas autorizada por un Juez de la Instrucción, por donde se iniciaron las investigaciones y en las que se dijo los acusados se implicaban.

En las intervenciones telefónicas  también se detalla  que la abogada se dedicaba a solicitar dinero para entregarlo a oficiales de la Policía  y  de la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Ministerio Público  a cambio de proteger los puntos ilícitos de distribución de estupefacientes propiedad de Franklin Hidalgo Batista.

Buscaba además, según el expediente,   variaciones de medidas de coerción a favor de personas que eran detenidas por tráfico ilícito.

Las investigaciones fueron iniciadas a raíz de denuncias de que  Julio César Almonte era una competencia para Franklin Hidalgo Batista en Sosúa,  y luego   que  los hermanos Ruddy y José Cabrera Peña quienes acompañaban a (Almonte) fueron asesinados por una patrulla  el 2 de enero en la calle 30 de marzo, en un supuesto intercambio de disparos.

El enfrentamiento luego fue puesto en duda por los medios de comunicación,  por los testimonios de los testigos. 

La clave

Exclusión de pruebas

Los abogados de la defensa integrados por  Altagracia Serrata y Mary Francisco en representación de Franklin Hidalgo Batista y Ursulina Díaz, así como los defensores públicos  Arlyn Corcino y Edwin Toribio coincidieron en solicitarle al la exclusión probatoria de las intervenciones telefónicas porque supuestamente estaban editada. El tribunal colegiado rechazó ese incidente, porque no estaban alterada y habían sido presentadas íntegramente.