Tribunal confirma falta de supervisión de autoridades

Tribunal confirma falta de supervisión de autoridades

POR TANIA HIDALGO
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional estableció en su sentencia sobre el caso  del Banco Intercontinental (Baninter) que las operaciones irregulares detectadas en esa entidad bancaria se prolongaron por mayor tiempo  debido a una deficiente supervisión de las autoridades.

El tribunal es presidido por Antonio Sánchez Mejía e integrado por Pilar Rufino y Gisselle Méndez.

Indican los jueces que  el Panel de Expertos Internacionales al abordar ese aspecto señala  que “no resulta explicable que habiéndose desarrollado presumiblemente por muchos años una irregularidad de la magnitud que representa la contabilidad paralela, el monto y el número de operaciones involucradas, ello no haya sido advertido por el organismo supervisor”.

Hacen constar además que el Panel de Expertos precisó que “la verificación cruzada selectiva de determinadas operaciones, habría permitido constatar que las mismas no estaban registradas en la contabilidad oficial, así como no se hicieron conciliaciones entre el banco y sus sucursales”.

 Refirieron también que esos especialistas argumentaron que la notoria y creciente presencia en distintos ámbitos de la entidad bancaria, la profusa actividad social y presencia comunicacional de sus principales directivos y su ritmo público y notorio de gastos suntuosos debieron haber alertado a las autoridades de la Superintendencia de Bancos a una vigilancia más exhaustiva”.

En relación al fraude del Baninter el tribunal condenó a 10 años de prisión al entonces presidente de la entidad  financiera, Ramón Báez Figueroa, así como al pago de una indemnización de más de 64 mil millones de pesos, tras ser encontrado culpable de violar la Ley Monetaria y Financiera. En cambio fue descargado de la acusación de lavado de activos y abuso de confianza. En la sentencia fue condenado también a 10 años de prisión el financista Luis Alvarez Renta por violar la Ley de Lavado de Activos.

 En tanto, fueron descargados Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. En cuanto a Marcos Báez Cocco el tribunal lo encontró culpable de violar la Ley Monetaria y Financiera y el  16 de noviembre próximo conocerá el juicio a la pena, es decir de cuántos años será la pena a imponer.

JUSTIFICAN RESCATE

Por otro lado, los jueces señalaron en su sentencia de 226 páginas que tal y como alegan los actores civiles, el rescate realizado por el Banco Central tuvo lugar en salvaguardar del orden público económico de la nación que se vería seriamente afectado ante la revelación del tamaño contable real del banco, lo que generó una situación de excepción y de mayor agravio. Precisaron que ello permitió establecer que Baninter no era el tercer banco del sistema como se pensaba, sino que  el primero.

“Que al tener registrado la mayor cantidad de depósitos del país, todos estos depositantes hubieran perdido sus ahorros de no producirse el rescate de los mismos, lo que unido a la desconfianza que motivó los retiros del Baninter constituía un riesgo de contagio para las demás entidades financieras, lo cual hubiera provocado el colapsar todo el sistema.

Agregaron los jueces que existen precedentes internacionales que justifican la realización de un rescate en los términos ejecutados por el Banco Central a los fines de evitar el contagio del sistema bancario, entre los que se destacan el caso del Continental Illinois National Bank And Trust Company, el séptimo banco de los Estados Unidos en función de los depósitos.  

Los abogados de Báez Figueroa alegaron que las autoridades del Banco Central de entonces violaron  la ley al pagar por encima de los 500 mil pesos a los ahorrantes.

Abogados opinan

Varios abogados expresaron su parecer en torno a la decisión de los jueces Antonio Sánchez Mejía, Pilar Rufino y Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en torno a la decisión emitida sobre el caso del Banco Intercontinental Baninter (BANINTER).

 De su lado, Néstor Julio Victoriano consideró que al financista Luis Alvarez Renta le fueron violados todos sus derechos de defensa al ser condenado por una acusación por la que no fue procesado.

Explicó que si el tribunal lo iba a procesar como autor principal  debió notificarle la nueva acusación, previo a procesarlo, a fin de que  se defendiera.

  Señaló que por ese sólo aspecto la sentencia debe ser anulada y el caso  enviado nuevamente a un tribunal de primera instancia.

“El fue al tribunal como cómplice y lo juzgaron como autor principal.

De su lado, Diómedes  Olivares, presidente de la Federación Internacional de Colegio de Abogados de las Antillas (FICAA) señaló que la sentencia sienta un procedente ejemplar.

Asimismo,  refirió que el entonces Presidente Hipólito Mejía liberó al país de una guerra civil al disponer la entregar a los depositantes de sus ahorros.

Alvarez Renta fue condenado a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable de lavado  de activos.

En torno al tema también se refirió el jurista Cándido Simón Polanco.

De su lado, el ex juez de Instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que  la sentencia es poco entendible al descargar de lavado de activo al principal acusado y condenar al  cómplice.

  Con relación al caso fue condenado además a 10 años de prisión Ramón Báez Figueroa. En tanto fueron descargados Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. La pena a imponer a Marcos Báez Cocco se conocerá con  posterioridad.

 El grupo fue sometido a la justicia en mayo de 2003 acusado de un fraude en la entidad bancaria ascendente a 55 mil millones de pesos.

El juicio de fondo se inició en abril del año pasado.

 El Ministerio Público, representando por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona había pedido al tribunal condenar a los imputados a penas de entre seis a 20 años de prisión. El conocimiento del caso se extendió durante 18 meses, en los cuales fueron celebradas 105 audiencias.

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