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Los jueces del Tribunal Constitucional pusieron ayer en estado de fallo el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en contra de la resolución 13-2011 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal, indicó que el fallo será dado a conocer en un periodo no mayor de cuatro meses, como lo establece la ley que regula a ese organismo.
Durante la audiencia, los abogados de la asociación de instituciones bancarias ratificaron sus conclusiones en sentido de que la norma de la DGII sea declarada inconstitucional, ya que fue aprobada sin que se hiciera una consulta pública.
Eduardo Jorge Prats, abogado de la parte accionante, insistió en que la normativa viola el derecho de legalidad tribunaria, en sentido de que los impuestos y gravámenes deben ser establecidos por ley y no por una simple norma administrativa.
Jorge Prats explicó que además de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de la norma de la DGII, la ABA introdujo al Tribunal Constitucional un recurso de revisión en contra de la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que rechazó un recurso de amparo anterior.
En tanto, la bancada de los abogados de la DGII encabezada por Fabiola Medina, reiteró su defensa de la regularidad de la norma que fue emitida el 5 de septiembre del año pasado.
Indicaron que no viola ningún precepto constitucional y que es una facultad de la DGII identificar a las entidades de intermediación financiera, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario.
La norma general 13-2011 designa como agentes de retención a los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y préstamos y las corporaciones de crédito, cuando paguen intereses de cualquier naturaleza a personas jurídicas, sociedades o empresas.
Asimismo, la legislación ordena la retención del 1% del valor pagado o acreditado a cuenta, o colocado a disposición de la persona jurídica.
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Norma violaría secreto bancario
Los abogados de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) indicaron que si el Tribunal Constitucionalidad ratifica la Norma General 13-2011 de la DGII, se colocaría a los bancos en situación de perjuicio pues estarían obligados a violar el secreto bancario. Eduardo Jorge Prats, representante legal de la asociación bancaria, sostuvo que los bancos estarían expuestos a demandas de sus clientes.
