El Tribunal Constitucional (TC) dejó este viernes en estado de fallo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Fundación Justicia y Transparencia en contra de la resolución emitida en diciembre del 2012 por la Junta Central Electoral (JCE), que dispone  aumentos en las tarifas de  los servicios que ofrece  por concepto de actos civiles.

De acuerdo a un comunicado, la instancia de inconstitucionalidad, suscrita y firmada por los abogados  José  Marte Piantini y Trajano Potentini, como  representantes de la fundación, procura además de anular la norma violatoria a la Constitución y sus principios, el suspender en lo inmediato como medida cautelar y precautoria el cobro ilegal de impuestos percibido por la Junta Central Electoral (JCE), por concepto de la expedición de los diferentes actos y documentos manejados por el organismo comicial.

“La FJT lamenta y condena la actitud del Ministerio Público de ponerse de espalda al pueblo, y de paso perdiendo su esencia de representante de la sociedad al pedir que declaren el recurso inadmisible en favor de la Junta Central Electoral”, señaló la entidad.

Potentini deploró que ese organismo, según él, viole las leyes y la Constitución, al establecer impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedición de documentos vitales para  la población, en lo que califica como una franca y abierta negación y violación a los derechos fundamentales de las personas.

“Todo parece indicar que la ambición desmedida de lucro y más presupuesto de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, los ha llevado a desnaturalizar las funciones de la entidad estatal, a pasar a ser de una institución de servicios a una entidad y maquinaria despiadada de recaudación”, dijo.

Asimismo, la entidad lamentó que cualquiera de los actos del Estado Civil, y la expedición de otros documentos, unos 129 servicios conforme el tarifario de la JCE, les cueste a los dominicanos entre 300 y hasta 25 mil pesos, además de plazos muy breves para la vigencia o fecha de caducidad de los mismos.

“Todos los años obtienen  cifras superiores a los 1,000 millones de pesos, bajo el erróneo y malsano alegato de que se trata de tasas y no de impuestos, son aplicadas en desconocimiento de que las tasas deben guardar proporción y relación en su costo con el servicio prestado, procurando estrictamente la sostenibilidad de los mismos, y nunca sumas que sobrepasen desproporcionalmente esas expectativas”, precisó la FJT.