El gobierno español había recurrido ante el Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista, como lo había anunciado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy más temprano este lunes.

«Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución» y «contra los derechos de todos los españoles», y es «abiertamente contraria» a la Carta Magna, dijo Rajoy en una declaración.

El jefe del Gobierno calificó la consulta, convocada el pasado sábado por el presidente catalán, Artur Mas, de «profundamente antidemocrática», e insistió en que no se va a celebrar, algo que «(Mas) sabía desde el principio».

«No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia», ni «privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país», agregó Rajoy.

El sábado, el presidente catalán dijo que «Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar», por lo que convocó al referéndum de noviembre.

«Esta es la manera cómo se expresan las democracias y nacen los proyectos políticos: votando. Es responsabilidad de los demócratas no obviarlo», afirmó después en un breve discurso.

El presidente se mostró dispuesto a reformar la Constitución, pero señaló que lo «prioritario hoy es defenderla» y que «se atienda y se cumpla lo que diga el Tribunal Constitucional», que recibió este lunes los dos recursos presentados por el Gobierno.

En un dictamen sobre la convocatoria del referendo catalán, el Consejo de Estado considera que la cita a las urnas vulnera la Constitución al otorgar a los ciudadanos de Cataluña la capacidad de decidir sobre una cuestión —la unidad de la nación española— que está reservada al conjunto español.

Este órgano consultivo, conformado por juristas de prestigio y personalidades con experiencia de gobierno, sostiene que hay motivos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional la consulta catalana.

Rajoy destacó que mientras él sea presidente, la ley «se va a respetar en toda su integridad» y dijo que las leyes se pueden reformar pero «por cauces democráticos».

También insistió en que, con la actual Carta Magna, el gobierno regional de Cataluña, «tiene las mayores competencias de su historia».

Lo que no debería hacer «un gobernante responsable» es «buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad», añadió.

La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña, durante las elecciones regionales de 2012, y cuenta con el apoyo de otros partidos independentistas y organizaciones sociales.