El Tribunal Constitucional de España ordenó ayer suspender la sesión del Parlamento catalán programada para la próxima semana, durante la cual el gobierno regional pretende declarar la independencia y agravar la peor crisis política que ha tenido el país en décadas. En otras ocasiones, las autoridades catalanas han ignorado las órdenes del Tribunal Constitucional, por lo que no estaba claro si realizarán la sesión del lunes y si todas las partes asistirían. La corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros líderes legislativos que podrían ser procesados por no detener la sesión. Momentos antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán Carles Puigdemont, a que cancele los planes de declaración de independencia y «evitar que se produzcan males mayores».
En una entrevista en el Palacio de la Moncloa con la agencia noticiosa española EFE, Rajoy dijo que la mejor solución en Cataluña «es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores». Los comentarios de Rajoy fueron los primeros desde el domingo, cuando Cataluña celebró el referéndum secesionista mientras la policía nacional buscó impedirlo por la fuerza. Puigdemont dijo que los resultados de la votación validaron los esfuerzos hacia la secesión. El miércoles, Puigdemont atenuó su postura desafiante al pedir una mediación en el conflicto, aunque mantuvo el plan de declarar la independencia la semana próxima. En tanto, la incertidumbre política sobre las intenciones independentistas de Cataluña ha comenzado a extenderse a la economía.