En un cuartucho improvisado en una vieja furgoneta, con  diez pies de ancho por 12 largo,  funciona todavía el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo.

Diariamente se conocen decenas de medidas de coerción dentro de esta plataforma de metal, donde el calor compite con la inseguridad de las personas que lo visitan, debido a que no tiene espacio para apostar un personal de vigilancia.

Es la vergüenza de la justicia dominicana. La demarcación más grande no tiene un edificio para los presos preventivos, por lo que son apostados en un salón abierto, contiguo al furgón.

El lugar es tan inhóspito, que los jueces administran justicia en medio del temor de que imputados y querellantes se entren a golpes en presencia del policía y de los  dos custodias que puedan entrar al diminuto cubículo.

“No. Imputados y víctimas no pueden sentarse juntos”, exclamó la jueza  interina Berenice Altagracia Núñez Sánchez durante una audiencia, al percatarse de que la silla de un acusado de asesinato estaba contigua a la de una mujer que reclama fuera enviado a prisión por la muerte de su hermano. De inmediato un vigilante y los abogados se ocuparon de intentar hacer el distanciamiento.

El punto  más difícil para  las partes es tener que renunciar a algunos de sus testigos, porque no caben todos en el pequeño salón de audiencia, por falta de espacio. Se amerita área para el secretario, los abogados y el fiscal. Es dramático reunir a todos en una de las dos alas del furgón. Además, el   peligro  se cierne sobre las víctimas, que deben compartir  la parte de atrás del furgón con los familiares del imputado de un crimen.