Tras 9 días inmerso en las deliberaciones, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciará hoy su decisión sobre la supuesta red de sicarios dirigida por el exregidor de Pedro Brand Ericson de los Santos Solís, y el presidente de Unión Nacional de Tranpostistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo.
Los representantes de las familias de los choferes que habrían muerto a manos de esa organización, en la que se vincula a dos exmiembros de la Policía Nacional, piden que con esta condena se siente un precedente contra el crimen del sicariato, mientras que la barra de la defensa aboga por un fallo conforme a derecho y de lo que se pudo probar en el tribunal, sin dejarse influenciar por presiones mediáticas.
El grupo está acusado de la muerte de los choferes Ángel Javier, Overny Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos ocurridos el 14 y el 17 de enero del 2015.
El Ministerio Público pidió penas de 30 años de prisión para De los Santos Solís, el exraso de la Policía Amaury Cabrera Martínez, el excoronel Cristino Batista Roa y Danilo Octavio Reynoso, mientras que para Quevedo, por cargos de complicidad pidió 20 años de prisión.
El caso inició en los tribunales el 30 de enero del 2015 cuando el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción contra Cabrera Martínez, en febrero de ese mismo año se impuso prisión contra el exregidor y en noviembre del 2015 a Quevedo y a Reynoso.
La fase preeliminar estuvo matizada por los constantes incidentes, presentados en su mayoría por la parte acusada, lo que causó reiterados aplazamientos.
Empañó justicia. Este proceso dio con uno de los escándalos más sonoros que han estremecido el Poder Judicial. En octubre del 2015 la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional Awilda Reyes otorgó la libertad a de los Santos mediante habeas corpus, lo que llevó a que fuera investigada. Según el presidente de la Suprema Mariano Germán, esta confesó haber recibido dinero para la libertad.
De acuerdo al procurador de ese entonces, Francisco Domínguez Brito, se trataba de una mafia dedicada a negociar sentencias y que era encabezada por el exconsejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera.